La reconstrucción de las edificaciones afectadas por el terremoto en Pereira está bajo cuestionamiento social, luego de que la Asociación de Ingenieros de Risaralda denunciara que algunas intervenciones se estarían realizando sin diseños técnicos adecuados, sin garantías de cumplimiento de las normas de sismorresistencia y, en determinados casos, sin evidencias visibles de las licencias urbanísticas que deben respaldar legalmente las obras.
La advertencia del gremio pone sobre la mesa una preocupación que va más allá de la recuperación física de los inmuebles, pues la seguridad de las personas que regresan a sus viviendas y de quienes transitan diariamente cerca de las construcciones intervenidas.
Para los ingenieros, reparar una edificación afectada por un movimiento sísmico no puede limitarse a levantar paredes, resanar grietas o recuperar acabados. Se requiere una evaluación técnica que determine qué puede repararse, qué debe reforzarse y cuáles son las condiciones necesarias para garantizar la estabilidad de la estructura.
Jhon Henry Mora, presidente de la Asociación de Ingenieros de Risaralda, manifestó su preocupación por la forma en que se estarían adelantando algunos trabajos. Según explicó, durante los recorridos y observaciones del gremio ha sido difícil identificar las vallas informativas que deben permitir conocer qué autoridad autorizó las intervenciones y cuál es la resolución que las respalda.
“Es triste ver las intervenciones físicas que están haciendo en algunas edificaciones. Estamos haciendo algo que no debemos hacer”, expresó Mora al referirse a las prácticas que, a su juicio, podrían comprometer la seguridad de las construcciones.
¿Por qué preocupa esto?
Uno de los principales cuestionamientos de la Asociación de Ingenieros tiene que ver con la ausencia de información pública en los lugares donde se adelantan las obras. El gremio señala que, en muy pocas ocasiones, ha podido identificar las vallas que deben exhibir los datos de la autorización expedida por la respectiva curaduría urbana.
Estas señales permiten a la ciudadanía conocer información básica sobre el proyecto y verificar que la intervención cuenta con el trámite correspondiente. Su ausencia no demuestra por sí sola que una obra sea ilegal, pero sí dificulta comprobar si está debidamente autorizada y si cumple con los requisitos técnicos y urbanísticos.
Mora explicó que las curadurías urbanas son organismos particulares que ejercen funciones públicas y tienen la responsabilidad de estudiar y aprobar proyectos de construcción e intervenciones en las zonas urbanas y rurales de los municipios, de acuerdo con las normas vigentes.
El dirigente gremial cuestionó que no se esté observando de manera suficiente esa información en las edificaciones intervenidas y consideró que existe una falencia en la vigilancia de las obras. En ese sentido, pidió que las autoridades municipales fortalezcan los mecanismos de inspección para evitar que los propietarios adelanten trabajos por cuenta propia sin contar con el acompañamiento técnico necesario.
La preocupación se concentra en las llamadas “reconstrucciones antitécnicas”, las cuales son intervenciones que podrían desconocer las condiciones estructurales de los inmuebles y que, en lugar de reducir los daños ocasionados por el terremoto, podrían dejar nuevas vulnerabilidades.
Puede convertirse en otro riesgo
El cumplimiento de las normas de sismorresistencia es uno de los puntos centrales de la advertencia. Después de un terremoto, las edificaciones pueden presentar daños que no siempre son evidentes a simple vista. Una grieta, una deformación o el deterioro de un elemento estructural pueden requerir estudios especializados antes de decidir qué tipo de reparación debe realizarse.
Por eso, el gremio insiste en que no todas las construcciones pueden recuperarse mediante procedimientos convencionales. Cada intervención debe responder a las condiciones particulares del inmueble y contar con los diseños, revisiones y autorizaciones que correspondan.
El riesgo de actuar sin esos criterios es que una estructura aparentemente reparada conserve daños internos o quede con una capacidad de resistencia inferior a la necesaria. En caso de presentarse un nuevo movimiento sísmico, esas deficiencias podrían aumentar la posibilidad de afectaciones graves y poner en peligro a sus ocupantes.
La Asociación de Ingenieros advierte que no se trata de frenar la reconstrucción ni de impedir que las familias recuperen sus viviendas y sus espacios comerciales. El llamado es a que ese proceso se adelante con responsabilidad, bajo criterios profesionales y con garantías verificables de seguridad. La urgencia por volver a ocupar los inmuebles no debería llevar a pasar por alto las condiciones técnicas que deben proteger la vida.
El reto también se extiende a otros municipios
La advertencia de los ingenieros cobra mayor relevancia por la dimensión de los daños que dejó el terremoto del 10 de agosto en el departamento. En balances entregados durante la emergencia y la etapa posterior, se reportaron miles de viviendas afectadas y una cantidad importante de edificaciones con daños que requerían evaluación, intervención o demolición.
En Pereira, los balances de riesgo divulgados por las autoridades llegaron a señalar más de 4.000 edificaciones con algún nivel de riesgo de colapso y más de 700 órdenes de demolición. De acuerdo con las cifras reportadas en ese momento por la Secretaría de Infraestructura, 92 inmuebles ya habían sido demolidos. Estos datos reflejan la magnitud del desafío que enfrenta la ciudad para recuperar su infraestructura sin exponer nuevamente a la población.
La situación también ha exigido actuaciones en otros municipios del área metropolitana. En Dosquebradas, las autoridades reportaron más de 80 órdenes de demolición y más de 70 demoliciones controladas, como parte de las acciones para atender las edificaciones que representaban riesgos.
Este panorama demuestra que la recuperación no consiste únicamente en reconstruir lo que se perdió. También exige identificar las estructuras que pueden recuperarse, establecer cuáles deben demolerse y garantizar que cada obra cumpla con las disposiciones técnicas y urbanísticas.
En ese contexto, el llamado de la Asociación de Ingenieros de Risaralda apunta a evitar que la reconstrucción se convierta en una nueva fuente de peligro. Las intervenciones deben contar con “respaldo técnico”, respetar los procedimientos de autorización y permitir que las autoridades y la ciudadanía conozcan quién responde por cada proyecto.
¿Qué le están pidiendo a la Alcaldía?
El presidente del gremio reclamó una actuación más decidida de la Administración Municipal frente al control físico de las construcciones. Entre las medidas que considera necesarias está la realización de operativos de inspección para identificar obras que puedan estar ejecutándose sin los requisitos correspondientes y detener aquellas intervenciones que representen un peligro para la comunidad.
También pidió verificar que los trabajos cuenten con las licencias urbanísticas requeridas y que las edificaciones sean intervenidas con diseños y procedimientos acordes con sus condiciones estructurales. La presencia de las vallas informativas, con los números de las resoluciones expedidas por las curadurías, es otro de los aspectos que considera importante para facilitar el control ciudadano.
Por ahora, la denuncia del gremio pone el foco sobre la necesidad de reforzar la vigilancia institucional en una etapa en la que numerosas familias y comerciantes buscan recuperar sus inmuebles, advirtiendo que una reconstrucción rápida no necesariamente es una reconstrucción segura.
El desafío para Pereira y el resto de Risaralda es que las obras posteriores al terremoto cumplan con las condiciones necesarias para proteger a sus habitantes. La recuperación de las edificaciones debe avanzar, pero no a costa de la seguridad estructural. Como insiste la Asociación de Ingenieros, las reparaciones improvisadas pueden dejar problemas ocultos que solo se hagan evidentes cuando ocurra una nueva emergencia.
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