Los residentes de conjuntos residenciales arrancan el año con una preocupación que golpea directamente sus bolsillos: el costo de la vigilancia privada. A raíz de recientes comentarios del presidente Gustavo Petro en la red social X, el tema volvió a encender el debate en la propiedad horizontal.
Le puede interesar: Tanquear la moto saldrá más barato: Petro soltó la noticia
El mensaje presidencial
El mandatario sugirió que las asambleas de copropietarios deberían ajustar sus presupuestos únicamente con base en la inflación del 5,1 % y que los administradores presenten varias opciones de empresas de seguridad para que los vecinos negocien precios en un esquema de libre mercado. La propuesta, sin embargo, choca con la realidad jurídica: en Colombia las tarifas de vigilancia están reguladas por la Superintendencia de Vigilancia Privada, bajo el Ministerio de Defensa, y se calculan en salarios mínimos.
Tres incrementos en 2026
La situación es más compleja de lo que parece. Con la reciente reforma laboral, que redujo la jornada semanal y amplió los recargos nocturnos y festivos, la Superintendencia ajustó las tarifas de las empresas de seguridad.
- Desde diciembre pasado, el valor se fijó en 9,77 salarios mínimos, más un recargo administrativo entre el 8 y el 11 %, según el tipo de servicio (con armas, sin armas o con caninos).
- El 1 de julio de 2026, el cálculo de los recargos dominicales y festivos subirá al 90 %, llevando la tarifa a 9,85 salarios mínimos.
- Apenas dos semanas después, el 15 de julio, con la reducción de la jornada laboral a 42 horas, la tarifa se elevará a 10,21 salarios mínimos.
En números, esto significa que las copropiedades tendrán que enfrentar un incremento superior al 30 % frente a lo que pagaban en 2025.
Impacto en la propiedad horizontal
Los administradores advierten que será inevitable aumentar las cuotas de administración más allá del 23 % para cubrir vigilancia y aseo, pues ambos servicios dependen directamente de los costos laborales. “Podrán discutir si otros gastos se ajustan solo con la inflación, pero en vigilancia no hay margen: o se paga lo que exige la ley, o se suprime el servicio”, explicó un experto en propiedad horizontal.
Le puede interesar: Carne bajaría de precio: en marzo entregan planta de ganado en Cundinamarca
Estratos bajos, la excepción
Donde podría aplicarse la idea presidencial es en los estratos 1, 2 y 3. En estos casos, la Superintendencia no fija una tarifa mínima, lo que abre la puerta a que las copropiedades negocien directamente con las empresas de seguridad. Allí sí tendría sentido presentar varias alternativas y buscar acuerdos más flexibles.
Un debate abierto
Mientras tanto, en estratos 4, 5 y 6, los administradores llaman a la prudencia. Señalan que los mensajes del presidente generan confusión y polarización en las asambleas, cuando lo que se necesita es claridad para enfrentar un año con tres incrementos en vigilancia y mayores costos laborales.
Alerta Bogotá en Google News