Recibir una llamada de cobranza por un préstamo que nunca solicitó, descubrir que alguien abrió una línea celular a su nombre o enterarse de que tiene una deuda cuando intenta pedir un crédito son situaciones que pueden afectar la tranquilidad y la vida financiera de cualquier colombiano. Sin embargo, desde este 19 de noviembre de 2026, las personas víctimas de suplantación de identidad tendrán nuevas herramientas legales para defenderse y evitar que les sigan cobrando obligaciones que no adquirieron.
La medida está contemplada en la Ley Estatutaria 2573 de 2026, conocida como la Ley de Suplantación de Identidad, que establece obligaciones para bancos, entidades financieras, operadores de telecomunicaciones y establecimientos comerciales que ofrecen productos o servicios a crédito.
Uno de los principales cambios es que, cuando una persona informe que fue víctima de suplantación, la empresa deberá suspender inmediatamente el cobro de la obligación, incluidos los intereses, gastos de cobranza y demás valores asociados. Esto significa que el ciudadano no tendrá que seguir pagando mientras se adelanta el procedimiento para esclarecer lo ocurrido.
La normativa busca proteger a quienes descubren que utilizaron sus datos personales para adquirir productos o servicios sin autorización, una situación que puede terminar en deudas, reportes negativos en centrales de riesgo y dificultades para acceder a nuevos créditos.
Ley 2573 de 2026: así podrá detener el cobro de una deuda que no reconoce
El primer paso consiste en comunicarse con la entidad que está realizando el cobro. Puede tratarse de un banco, una compañía de financiamiento, un operador de telefonía celular o un establecimiento comercial que registre una obligación a su nombre.
El ciudadano deberá informar que desconoce la deuda y considera que sus datos fueron utilizados fraudulentamente. Es recomendable presentar la reclamación por un canal oficial, preferiblemente por escrito, y conservar el número de radicado, los correos electrónicos y las pruebas de la comunicación.
Una vez recibida la notificación, la empresa tendrá que suspender inmediatamente la gestión de cobro, incluyendo intereses y gastos adicionales. También deberá detener la prestación o suministro del producto o servicio adquirido mediante la conducta fraudulenta, conforme a las obligaciones establecidas en la ley.
Otro aspecto importante es que la persona podrá solicitar una copia de los documentos utilizados para aprobar el crédito, la línea telefónica o el producto adquirido a su nombre. La empresa no puede negarse a entregar esa información.
Esto permite comparar los documentos utilizados durante la contratación con los datos reales del ciudadano y aportar elementos para esclarecer si existió una suplantación.
Tiene 20 días hábiles para denunciar ante la Fiscalía
Aunque la suspensión del cobro debe realizarse inmediatamente después de informar sobre la posible suplantación, la protección contempla un procedimiento que los ciudadanos deben cumplir.
El artículo 8 de la Ley 2573 establece que la persona tendrá 20 días hábiles desde que informa a la empresa para presentar la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y entregar los soportes respectivos.
Este plazo es fundamental porque, si no se presenta la denuncia y la documentación dentro del tiempo establecido, la entidad podrá reanudar el cobro, incluidos los intereses y demás gastos que se hayan generado durante la suspensión.
La empresa también tiene responsabilidades frente a las autoridades. Según el condicionamiento establecido por la Corte Constitucional, el operador o entidad correspondiente deberá formular la denuncia penal dentro del mismo término.
Sin embargo, existe una consideración importante: si durante su revisión la empresa encuentra elementos que evidencien claramente que ocurrió una suplantación, la ley contempla que la persona afectada pueda quedar exonerada de presentar personalmente la denuncia ante la Fiscalía y ser desvinculada de la obligación.
La determinación definitiva sobre la existencia del delito corresponde a las autoridades judiciales competentes, no a la empresa que está realizando el cobro.
¿Qué pasa si ya está reportado en DataCrédito por una deuda falsa?
La nueva normativa también contempla medidas para proteger el historial financiero de quienes fueron víctimas de suplantación de identidad.
Si una persona descubre que tiene un reporte negativo relacionado con una obligación que nunca adquirió, podrá solicitar a la entidad que reportó la información que revise el caso y corrija los datos correspondientes.
La empresa tendrá 10 días hábiles para comparar los documentos utilizados durante la contratación con los soportes aportados por el ciudadano y solicitar la modificación de la información cuando corresponda.
Además, se incorporará una marca especial en el historial financiero denominada Víctima de Falsedad Personal, siempre que exista la denuncia correspondiente.
Esta identificación no constituye un reporte negativo, no puede disminuir la calificación crediticia ni convertirse en un motivo para cerrar las puertas a futuros créditos. Su finalidad es advertir a las entidades que deben reforzar la verificación de identidad antes de aprobar nuevos productos financieros.
La ley también establece que las peticiones y reclamaciones relacionadas con estos procedimientos deberán resolverse en un plazo de 15 días hábiles, prorrogables por ocho días hábiles adicionales. Si no existe respuesta dentro del término legal, se aplicarán las consecuencias previstas para el silencio positivo.
¿Qué deben hacer los bancos y las empresas si alguien es suplantado?
La Ley 2573 de 2026 no solamente establece obligaciones para los ciudadanos. También exige que las entidades financieras, operadores de telefonía y establecimientos comerciales fortalezcan sus mecanismos de identificación para evitar que terceros adquieran productos utilizando documentos o datos personales ajenos.
Entre sus responsabilidades están:
- Verificar la identidad de quienes solicitan créditos, líneas telefónicas y otros productos.
- Suspender inmediatamente los cobros cuando se informe una posible suplantación.
- Entregar los documentos utilizados para aprobar la obligación.
- Atender las reclamaciones dentro de los plazos establecidos.
- Corregir los reportes en centrales de riesgo cuando corresponda.
- Adoptar medidas para evitar que estas situaciones vuelvan a presentarse.
La norma fue promulgada el 19 de mayo de 2026 y su régimen general entra en vigencia este 19 de noviembre, seis meses después de su publicación.
Para los colombianos, el cambio representa una herramienta importante frente a las deudas fraudulentas. Si aparece un crédito, una compra o una línea celular que nunca solicitaron, podrán exigir que se detenga el cobro mientras se investiga el caso, sin tener que continuar pagando una obligación que aseguran no haber adquirido.
Fuente normativa: Ley Estatutaria 2573 de 2026 y concepto de la Superintendencia Financiera del 21 de julio de 2026.