El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la liquidación de las EPS intervenidas, encendió las alarmas en Risaralda, donde el sector salud advierte que esta medida, podría agravar la ya crítica situación financiera de los hospitales y clínicas de los 14 municipios.
De acuerdo con las cifras del cierre de 2025, las deudas acumuladas por varias EPS, únicamente con la red pública hospitalaria del departamento, superan los 80 mil millones de pesos. Entre las entidades con mayores obligaciones pendientes de pago se encuentran Coosalud, Asmet Salud y Famisanar, cuyos compromisos financieros representan una carga significativa para los prestadores de servicios de salud.
El temor principal radica en que, con la liquidación de estas entidades, las deudas no sean saldadas, como ha ocurrido en procesos similares en el pasado, una situación que podría dejar a los hospitales públicos y privados sin recursos esenciales para su posterior funcionamiento.
Incertidumbre en la salud
Desde la Asociación de Instituciones de Salud, Aisalud, su directora ejecutiva, Olga Lucía Zuluaga, expresó su preocupación por la falta de claridad frente a un plan que permita estabilizar, económicamente hablando, a la red hospitalaria.
“Genera bastante incertidumbre y angustia”, señaló, al advertir que los problemas en el flujo de recursos persisten, especialmente en instituciones de mediana y alta complejidad ubicadas en ciudades capitales y áreas metropolitanas.
Según explicó, esta situación ya se está reflejando en la atención a los usuarios con retrasos en cirugías, procedimientos médicos y mayores barreras de acceso al sistema de salud, pues la falta de liquidez continúa afectando la capacidad operativa de los centros médicos.
Riesgo de colapso financiero
Zuluaga también recordó que, en procesos anteriores de liquidación de EPS tanto del régimen contributivo como subsidiado, el patrón ha sido el incumplimiento por parte de estas, con el pago de las deudas; ahora, hay que recordar que, a nivel nacional, estas obligaciones acumuladas ya alcanzan cifras cercanas a los 14 o 15 billones de pesos.
Este panorama genera un riesgo real de desfinanciamiento en la red hospitalaria, que podría traducirse en una reducción de servicios, afectación en la calidad de la atención y dificultades para garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos.
Mientras tanto, en Risaralda persiste la incertidumbre sobre el futuro inmediato del sistema, en medio de llamados urgentes al Gobierno Nacional para definir estrategias claras, que eviten un impacto mayor en la prestación de los servicios médicos.
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