El alcalde de Riohacha, Genaro David Redondo Choles, y el representante legal de Aqualia Riohacha, Manuel Salvador Olivella Pabón, fueron sancionados por la justicia tras ser encontrados responsables de incurrir en desacato a una orden impartida dentro de una acción de tutela promovida en representación de los habitantes del barrio Villa Fátima.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Riohacha, mediante un auto del 6 de noviembre de 2026, en el que se declaró que ambos incurrieron en desacato al numeral tercero del fallo de tutela número 002 del 27 de enero de 2026.
Por esta razón, el despacho les impuso a cada uno cinco días de arresto y una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, en aplicación del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
¿Qué originó la sanción?
El proceso judicial tiene su origen en una acción de tutela presentada por Bernardo Enrique Berbeo García, quien actuó en nombre propio y en representación de la comunidad del barrio Villa Fátima, ante las dificultades que enfrentan sus habitantes por la falta de funcionamiento integral del sistema de alcantarillado.
La problemática está relacionada con las obras de construcción de una estación de bombeo de aguas residuales y las conexiones necesarias para garantizar la recolección y conducción de las aguas sanitarias del sector.
El proyecto, que registra una inversión superior a los 11.400 millones de pesos y contempla beneficiar a unas 7.337 personas, ha tenido dificultades para su culminación y puesta en funcionamiento.
Entre los trabajos pendientes señalados durante el seguimiento del proceso se encuentran el cruce de tuberías sobre el río Ranchería, la interconexión del sistema, la solución de fugas y empozamientos y la entrada en operación integral de la infraestructura sanitaria.
La comunidad acudió a la justicia para exigir el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con esta problemática y obtuvo una decisión favorable mediante el fallo de tutela del 27 de enero de 2026.
ESEPGUA y Secretaría de Infraestructura no fueron sancionadas
En el mismo auto, el juzgado también se pronunció sobre la responsabilidad de otros funcionarios vinculados al incidente de desacato.
En el caso de Jaime Orlando Brugés Moreno, secretario de Infraestructura y Servicios Públicos de Riohacha, y Andreína Susana García Pinto, gerente y representante legal de la Empresa Departamental de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de La Guajira (Esepgua), el despacho decidió abstenerse de imponer sanciones.
La razón fue que, de acuerdo con el juzgado, no se encontró acreditada la responsabilidad subjetiva de estos dos funcionarios en el incumplimiento de la orden judicial. Sin embargo, la autoridad judicial aclaró que esta determinación no significa que el fallo de tutela se encuentre cumplido en su totalidad.
La sanción todavía debe ser revisada
Aunque el juzgado ya impuso las sanciones, estas todavía deben pasar por el grado jurisdiccional de consulta ante la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha.
Esto significa que los cinco días de arresto impuestos al alcalde y al representante legal de Aqualia no se harán efectivos hasta que la decisión sea revisada, confirmada y quede en firme.
De ser confirmadas, las sanciones de arresto deberán cumplirse en el Comando del Departamento de Policía de La Guajira.
El juzgado también advirtió que el pago de las multas y el cumplimiento de los días de arresto no exoneran a los sancionados ni a las entidades destinatarias de la tutela de cumplir integralmente la orden judicial. La decisión fue comunicada a las partes mediante un oficio fechado el 9 de noviembre de 2026.
Por ahora, el proceso continúa a la espera de la revisión del Tribunal Superior de Riohacha, mientras los habitantes de Villa Fátima siguen esperando una solución definitiva a las dificultades relacionadas con el sistema de alcantarillado del barrio.
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