Aunque aún no se conocen los resultados definitivos de las elecciones presidenciales, defensores de derechos humanos en Risaralda manifestaron su preocupación frente a las posibles consecuencias que tendría una estrategia de seguridad basada en el fortalecimiento de las operaciones militares contra grupos armados ilegales, una propuesta que ha sido planteada por el presidente electo, Abelardo De La Espriella.
Jaime Gutiérrez, director ejecutivo de la Confederación Nacional de la Acción Comunal, aseguró que municipios del occidente risaraldense como Pueblo Rico y Mistrató podrían enfrentar escenarios complejos si se intensifican las confrontaciones entre la Fuerza Pública y organizaciones como el ELN y el Clan del Golfo.
"Es una alerta temprana. Cuando hay una acción militar fuerte, las comunidades terminan saliendo de sus territorios. Lo hemos vivido durante estos últimos años y existe el temor de que, con una estrategia más agresiva, las poblaciones rurales de sectores como Santa Cecilia, Villa Claret y las zonas limítrofes con Chocó se vean obligadas a desplazarse hacia los cascos urbanos o incluso hacia Pereira", señaló.
¿Por qué Pueblo Rico y Mistrató están entre los municipios más vulnerables?
El líder comunal indicó que en municipios como Mistrató existe presencia de diferentes estructuras armadas ilegales, lo que aumenta el riesgo de que la población civil quede atrapada en medio de las disputas por el control territorial.
"Mistrató tiene presencia de grupos como el Clan del Golfo y el ELN. La preocupación es qué va a pasar con la gente si los enfrentamientos aumentan. Muchas familias tendrían que desplazarse hacia los centros urbanos y eso genera una crisis social que debe prevenirse", explicó.
Según Gutiérrez, el riesgo no se limita únicamente al desplazamiento forzado. También podrían incrementarse fenómenos como las amenazas, los homicidios selectivos y otras formas de violencia asociadas a la disputa entre organizaciones criminales.
Otros riesgos
El dirigente aseguró que otros municipios como Guática también podrían verse afectados por el recrudecimiento del conflicto armado, especialmente en sectores rurales donde históricamente han tenido presencia grupos ilegales.
"No solo hablamos de desplazamientos. También podrían aumentar las amenazas y los homicidios, hay municipios que enfrentan riesgos importantes y, además, debemos reconocer que en el área metropolitana como Pereira y Dosquebradas existen actores vinculados a economías ilegales que operan sin portar armas de manera visible, pero que mantienen control sobre diferentes territorios", afirmó.
En ese sentido, sostuvo que la problemática no se concentra exclusivamente en las zonas apartadas, sino que también tiene repercusiones en ciudades como Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y La Virginia.
Piden más inversión social además de seguridad
Frente a este panorama, los defensores de derechos humanos hicieron un llamado para que cualquier estrategia de seguridad esté acompañada de una mayor presencia institucional en las regiones
Gutiérrez señaló que, además del fortalecimiento de la Fuerza Pública, se requieren inversiones en infraestructura, educación, salud, empleo y programas sociales que permitan reducir las condiciones que favorecen la expansión de los grupos armados ilegales.
"La seguridad es importante, pero también lo es la inversión social. Si no se atienden las necesidades de las comunidades rurales, será muy difícil cerrar los espacios que hoy aprovechan las organizaciones criminales para mantener su influencia en los territorios", concluyó.
Claves del tema en cuatro preguntas
¿Por qué hay preocupación por una mayor ofensiva militar?
Porque defensores de derechos humanos consideran que un aumento de las operaciones militares podría generar desplazamientos forzados de comunidades rurales ubicadas en zonas donde existe presencia de grupos armados ilegales.
¿Qué municipios de Risaralda serían los más afectados?
Según los líderes comunales, Pueblo Rico y Mistrató se encuentran entre los municipios con mayor riesgo debido a su ubicación estratégica y a la presencia de organizaciones armadas.
¿Qué consecuencias adicionales podrían presentarse?
Además de los desplazamientos, existe preocupación por un posible incremento de amenazas, homicidios y confrontaciones entre estructuras criminales que buscan controlar territorios y economías ilegales.
¿Qué soluciones proponen los defensores de derechos humanos?
Plantean fortalecer la presencia institucional mediante inversiones en educación, salud, infraestructura, empleo y programas sociales, complementando las acciones de seguridad para prevenir nuevas crisis humanitarias.
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