Durante tres días se realizará en el Palacio de Justicia de Cúcuta la audiencia realizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en donde participan 70 comparecientes de la Fuerza Público vinculados a asesinatos presentados falsamente como bajas en combate en Norte de Santander.
La diligencia aborda 14 hechos victimizantes ocurridos, entre los años 2.001 y 2.007, en municipios como Ocaña, Tibú, Convención, El Tarra, Ábrego y Cúcuta.
Esta audiencia es presidida por el magistrado Mauricio García Cadena, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, en el marco de la Ruta No Sancionatoria de la JEP quien dijo que este "mecanismo busca resolver la situación jurídica sin que se les imponga una sanción a comparecientes no considerados máximos responsables en crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto.
JEP busca verdad plena y despejar dudas de familiares de las víctimas
Los comparecientes que transitan este proceso no sancionatorio deben cumplir con el régimen de condicionalidad establecido por la JEP. Es decir: aportar verdad plena y exhaustiva, reconocer su responsabilidad cuando así corresponda, contribuir a la reparación simbólica de las víctimas y garantizar la no repetición.
"No se pueden repetir estos momentos tan dolorosos para el país, la muerte de personas inocentes, lo triste es que se siguen registrando hechos violentos en la actualidad", dijo el magistrado Mauricio García Cadena.
El primer día de audiencia fue el pasado martes 12 de mayo en donde se presentó el primer hecho, el asesinato de Albeiro Alfonso Montaño Santiago, cometido el 31 de enero de 2003, en Teorama, Norte de Santander.
Por qué fue retenido Alfonso Montaño en Teorama
Según la información recopilada por la JEP, Alfonso Montaño fue retenido por integrantes del Batallón de Infantería No. 15 'General Francisco de Paula Santander, luego de que un civil lo señalara de realizar supuestas "labores de inteligencia para las Farc-EP".
La magistratura señaló que la información nunca fue verificada por la tropa, después de varias horas de retención e interrogatorio, el entonces teniente Yerson Yohanny Molina Álvarez habría ordenado asesinar a la víctima y simular un combate para presentarla falsamente como baja en combate.
Posteriormente se coordinó de manera conjunta una versión falsa para reportar los hechos ante las autoridades.
El compareciente Jerson Yohanny Molina Álvarez reconoció que Albeiro Alfonso Montaño Santiago fue sometido a “extenuantes jornadas de interrogatorio” y aceptó que dio instrucciones para ejercer presión física y psicológica sobre la víctima.
Compareciente reconoció su participación en el homicidio
“Yo sí les dije que lo presionaran hasta donde pudiéramos para lograr la información”, afirmó. El compareciente también reconoció que autorizó cubrirle el rostro y golpearlo en los brazos durante el interrogatorio.
Además, admitió que entregó más de un millón de pesos para comprar el arma y la granada utilizadas posteriormente para implantarlas en el cuerpo de la víctima.
Molina Álvarez aseguró, además, que el soldado conocido como “Puntero”, quien consiguió las armas utilizadas para simular el combate, terminó posteriormente vinculado a procesos por tráfico de armamento y relaciones con grupos armados ilegales.
Según afirmó, este tipo de prácticas se daba en medio de fuertes presiones por mostrar resultados operacionales dentro del Ejército: “Era como una competencia entre todos, el que más resultados tuviera”, dijo en la audiencia el compareciente.
Investigados varios soldados que pertenecían al Batallón de Infantería No. 15 'General Francisco de Paula Santander' (BISAN)
El segundo hecho abordado en la audiencia correspondió al asesinato de José Martín Botello Ovalles, cometido el 30 de diciembre de 2006, en Bucarasica, Norte de Santander, por integrantes del Batallón de Infantería No. 15 'General Francisco de Paula Santander' (BISAN).
Según la reconstrucción de los hechos, Botello Ovalles solía entregar información a miembros del batallón sobre presuntos colaboradores de la guerrilla.
Sin embargo, al momento en que la víctima se habría negado a entregar información, los soldados habrían decidido dirigir la operación contra él.
Los comparecientes relataron que la víctima fue contactada por teléfono para que saliera de su vivienda, en ese momento fue emboscada y dispararon en su contra, sin que hubiera mediado un enfrentami
Los comparecientes Deybi Sánchez Díaz, Alirio Vega Gómez, José Alejandro Osorio Cruz y Héctor Julio Campo Rocha relataron cómo se ejecutó y encubrió el asesinato de José Martín Botello Ovalles.
Los comparecientes señalaron que, en la madrugada del 30 de diciembre de 2006, cuando la víctima se acercó al lugar donde estaba la tropa, comenzaron los disparos.
También reconocieron que, tras el asesinato, realizaron disparos hacia los cafetales para aparentar un enfrentamiento armado. Además, confirmaron que, posteriormente, fue ubicada un arma junto al cuerpo de la víctima para sostener la versión de una supuesta baja en común y cambiar la escena del crimen.
Información de algunos habitantes de la zona era totalmente falsa
Los comparecientes Fernando Eduardo Estévez, Nelson Niño Villamizar, Óscar Giraldo García, Juan Andrés Ramírez López, Jhon Fernando Figueredo Acevedo y Milton César Torres Rivera señalaron que un hombre ajeno a la agrupación, que cumplía un rol de "guía", tuvo contacto telefónico con las víctimas y las convenció de bajar al lugar, donde posteriormente se produjeron los asesinatos.
Sin embargo, después de los disparos, varios militares advirtieron que las víctimas no estaban armadas ni tenían signos de pertenecer a algún grupo insurgente.
El compareciente Estévez reconoció que, por orden de uno de sus superiores, fue quien le disparó a una de las víctimas que había quedado agonizando.
Además, los comparecientes admitieron que la versión presentada ante la justicia ordinaria sobre un supuesto combate era falsa y que alteraron reportes y declaraciones para sostener esa
El caso de Norte de Santander es excepcional porque expresa una modalidad nacional que alcanzó aquí una de sus máximas intensidades”, expuso Juan Felipe García Arboleda, Jefe del Grupo de Análisis de la Información (GRAI) de la JEP, en la presentación de un informe de contexto sobre Norte de Santander.
Según explicó, mientras disminuían las acciones armadas reportadas oficialmente por la fuerza pública, entre 2004 y 2008, aumentaban las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate.
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