Un usuario del servicio de energía fue judicializado tras protagonizar un incidente con personal técnico de Air-e Intervenida en el barrio Olaya, en Barranquilla. Según informó la compañía, el hombre habría amenazado a los trabajadores y ocasionado daños al vehículo en el que se movilizaban durante una visita relacionada con una deuda pendiente por el servicio.
De acuerdo con el reporte entregado por Air-e Intervenida, el usuario mantenía una obligación vencida por $2,6 millones y, en medio del procedimiento adelantado por los técnicos de la empresa, presuntamente utilizó un martillo para causar afectaciones al automotor de la cuadrilla y lanzó amenazas contra los empleados.
La situación fue atendida por unidades de la Policía Nacional, que llegaron al lugar para controlar el incidente y posteriormente iniciaron el proceso correspondiente que derivó en la judicialización del presunto responsable por los daños ocasionados.
Tras los hechos, el usuario se presentó en una oficina comercial de Air-e Intervenida, donde formalizó un acuerdo de pago con el fin de ponerse al día con la deuda que mantenía por el servicio de energía.
Ante lo ocurrido, la empresa rechazó cualquier tipo de agresión contra sus trabajadores y contratistas, e insistió en que las inconformidades relacionadas con facturación, procedimientos operativos o prestación del servicio deben tramitarse a través de los canales institucionales habilitados para la atención de los usuarios.
El director comercial de Air-e Intervenida, Óscar Lema, hizo un llamado a la ciudadanía para que recurra a las alternativas de atención y financiación disponibles antes de incurrir en actos de violencia.
“Las diferencias o desacuerdos pueden resolverse mediante los mecanismos establecidos por la empresa. Existen opciones de financiación y atención para que los usuarios puedan encontrar soluciones a sus obligaciones sin necesidad de recurrir a confrontaciones”, señaló el directivo.
La compañía reiteró su compromiso con la seguridad de su personal operativo y recordó que cualquier agresión contra sus funcionarios o contratistas puede acarrear consecuencias legales para los responsables.
El caso quedó en manos de las autoridades competentes, que adelantan las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos ocurridos en el sector de Olaya.
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