La Fiscalía judicializó a Jairo Ramón Agámez Ortiz un hombre que durante 13 años estafó a decenas de personas en predios rurales de Caldas, Tolima y Antioquia donde pedía altas sumas de dinero para adelantar supuestos tramites que facilitaran el acceso a tierra y lotes administrados por el estado.
El señor Agámez Ortiz se hacía pasar como funcionario de la Sociedad de Activos Especiales (SEA) y de la Unidad de Restitución de Tierras para cometer los fraudes que afectaron a más de 41 familias en el Eje Cafetero quienes acudían a sus supuestos servicios para facilitar trámites relacionados con la adjudicación y restitución de predios.
De acuerdo con la investigación, el procesado habría suplantado funciones al presentarse como presidente de una organización dedicada a gestionar tierras, además de asegurar que actuaba como intermediario ante entidades como la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Unidad de Restitución de Tierras, con el fin de generar credibilidad entre las víctimas.
Bajo este esquema, logró que varias familias entregaran dinero por conceptos como afiliaciones, trámites administrativos y pólizas. En total, se estima que recaudó cerca de 52 millones de pesos, sin que existiera respaldo real para las gestiones ofrecidas.
La Fiscalía imputó al hombre por el delito de estafa agravada en modalidad de masa: “Usted afirmaba actuar como supuesto intermediario autorizado de la sociedad de activos especiales SAE y de la Unidad de Restitución de Tierras, indicando que a través de dichas entidades era posible acceder a procesos de adjudicación de predios rurales. Solicitaba a los interesados pagos por concepto de afiliación, gastos administrativos, trámites o pólizas generando en las víctimas la creencia de que estaba adelantando un procedimiento legítimo para acceder a tierras. Estas manifestaciones indujeron a las víctimas a entregar a entregar altas sumas de dinero, las cuales finalmente eran apropiadas por usted. Debo decirle que la fiscalía en este momento cuenta con las denuncias presentadas por varias víctimas, las declaraciones de personas que asistieron a las reuniones convocadas por usted”, explicó el fiscal del caso.
Durante el proceso, el acusado aceptó los cargos y deberá cumplir una medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia, mientras que las autoridades continúan con las indagaciones para establecer si hay más víctimas en otras zonas del país.
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