Más de un año después de que se viralizara en redes sociales el video de tres niñas indígenas (de entre 14 y 16 años) de la comunidad Gitó Dokabú, en Pueblo Rico al occidente de Risaralda, siendo golpeadas mientras estaban amarradas de manos a una viga del techo, el caso da un giro clave.
El abogado defensor de las víctimas, Renato Marín, confirmó que recientemente la Corte Suprema de Justica decidió que el caso será llevado ante los estrados de la justicia ordinaria, buscando que los victimarios sean condenados y llevados a prisión por los delitos de acceso carnal violento y tortura.
El origen de la investigación
"Entre junio y julio del año pasado empezaron a circular unas imágenes en las que aparecía una niña indígena colgada de los brazos mientras varios sujetos la golpeaban con garrotes, ante esta situación, la Corte Constitucional determinó que, por la forma como ocurrieron los hechos y por el tipo de delito investigado, el proceso deberá ser asumido por la justicia ordinaria", afirmó.
Cambio en jurisdicción del caso
El abogado precisó que la decisión implica que el proceso saldrá de la jurisdicción indígena y avanzará ante las autoridades judiciales del Estado.
"El cabildo indígena y la jurisdicción indígena no van a juzgar estos hechos; inicialmente será la Fiscalía General de la Nación y posteriormente un juez de la República quien decida sobre el caso en pleno", concluyó.
Alerta por nuevas víctimas y abusos
Igualmente, el abogado confirmó que al menos otras jóvenes habrían sido violentadas por estas personas, además, las autoridades también están investigando si también fueron víctimas de abuso sexual.
"Al parecer, además de las agresiones registradas, una de las menores también habría sido víctima de un delito sexual. Por ello hemos hecho un llamado respetuoso para que la Fiscalía, si lo considera pertinente, vincule formalmente a audiencia e imputación a los cuatro o cinco indiciados que han sido identificados dentro del proceso", señaló.
Solicitan celeridad
Marín explicó que, dada la condición de las víctimas y la gravedad de los hechos denunciados, es necesario que las autoridades judiciales actúen con celeridad para garantizar verdad y justicia.
"Ya sea mediante órdenes de captura o los mecanismos que correspondan, estas personas deben ser puestas a disposición de la justicia. Estamos hablando de víctimas menores de edad que no solo necesitan que se haga justicia, sino también que se conozca toda la verdad sobre lo ocurrido. Inicialmente, la investigación se concentra en los delitos de tortura y acceso carnal violento", puntualizó.
Preguntas clave del caso
¿Qué determinaron las altas cortes sobre este caso?
Se definió que el proceso penal será asumido por la justicia ordinaria como la Fiscalía y jueces de la República y no por la jurisdicción especial indígena del cabildo.
¿Cuántas personas están siendo investigadas como presuntos agresores?
Actualmente, las autoridades tienen el foco sobre cuatro o cinco indiciados que ya han sido identificados dentro de la investigación.
¿Quiénes son las víctimas principales del video viralizado?
Son tres menores de edad indígenas, de entre 14 y 16 años, pertenecientes a la comunidad Gitó Dokabú en Pueblo Rico, Risaralda.
¿Qué delitos específicos se les imputarán a los responsables?
La investigación se concentra inicialmente en los delitos de tortura y acceso carnal violento.
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