Un consejo de seguridad realizado en Ocaña la tarde del viernes 11 de septiembre de 2026 reunió a delegados del Gobierno Nacional, la Gobernación de Norte de Santander, la Fuerza Pública y alcaldes de la subregión, para revisar la situación de orden público y establecer acciones conjuntas en el Catatumbo.
El encuentro se centró en puntos críticos relacionados con presencia institucional, control territorial y protección de comunidades en una zona con afectaciones por la actividad de grupos armados.
Mas presencia policial
Uno de los compromisos acordados es la recuperación y restablecimiento de la estación de Policía del corregimiento de Guamalito, en El Carmen.
Se trata de un corredor considerado clave para el acceso al Catatumbo.
La reapertura de esta instalación estaría acompañada de un refuerzo de capacidades por parte del Ejército y la Policía, con el objetivo de recuperar control en ese sector y facilitar la atención de requerimientos de la población.
Videovigilancia y corredores viales
Otro de los ejes abordados fue el fortalecimiento del sistema de videovigilancia en Ocaña.
El municipio dispone actualmente de 120 cámaras y, según lo planteado en la reunión, se contempla la instalación de nuevos equipos en corredores estratégicos hacia el batallón y hacia el aeropuerto.
El plan incluye además la incorporación de sistemas inteligentes y tecnología antidrones en municipios priorizados de la subregión.
De forma paralela, se definió como prioridad el control sobre los corredores viales.
Estas rutas son esenciales para la movilidad de las comunidades y, de acuerdo con lo expuesto en el consejo, han sido utilizadas para la comisión de secuestros, atentados y otros delitos.
La intervención sobre estos ejes busca garantizar el tránsito y reducir riesgos para transportadores y habitantes.
Planteamientos de los municipios y protección a mandatarios
Durante la jornada intervinieron los alcaldes de La Playa de Belén, Teorama, San Calixto, Bucarasica, El Carmen, Convención, Cáchira y Hacarí. Los mandatarios expusieron las dificultades de sus territorios frente al control territorial, la protección de la población civil y el estado de las vías.
Otro punto en la agenda fue la seguridad de los propios alcaldes. Se acordó articular acciones con la Unidad Nacional de Protección (UNP) y las entidades competentes para revisar, caso por caso, las medidas de protección requeridas.
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