Tras casi dos años de los hechos, la justicia colombiana condenó a Jean Carlos Márquez Alba a 17 años y 6 meses de prisión por su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.
El juez penal del Circuito de Cúcuta tomó la decisión con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que demostraron la culpabilidad del sentenciado. Márquez Alba deberá cumplir la pena en la cárcel Modelo de la ciudad, donde permanece privado de la libertad desde su captura. La sentencia ya quedó ejecutoriada.
Los hechos ocurrieron el 31 de marzo de 2024 en la cancha del barrio María Paz, en Cúcuta, Norte de Santander.
En medio de una discusión, el hoy condenado atacó con arma de fuego a su víctima, causándole múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo.
La víctima fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, donde recibió atención médica oportuna que permitió su recuperación, a pesar de las heridas.
Las labores de la Policía, incluidas entrevistas a testigos e inspección técnica al lugar de los hechos, fueron clave para identificar y judicializar a Márquez Alba como el responsable del ataque.
¿Por qué hay tantas armas de fuego en la capital nortesantandereana?
Son múltiples los casos de ataques con armas de fuego en Cúcuta, lo que enciende las alarmas de las autoridades y genera preocupación en la ciudadanía, pero también deja abierto el cuestionamiento sobre el motivo por el cual esto ha aumentado durante los últimos años.
Las autoridades prevén que las armas de fuego ingresan a Cúcuta como contrabando, a través de los pasos irregulares en las fronteras con Venezuela.
Puntualmente, se presume que las armas llegan por medios terrestres como producto del tráfico ilegal que ha afectado la región en los últimos años.
Los países de origen (donde se producen las armas) que más destacan son Venezuela, Brasil y Argentina.
En 2025, las autoridades incautaron un total de 543 armas en el área metropolitana de Cúcuta, registrando un importante aumento con respecto a las cifras de años anteriores.
Este flujo constante de armamento ilegal alimenta la violencia en las calles y mantiene en vilo a los habitantes de la región.
La condena de Márquez Alba representa un avance en la lucha contra la impunidad, pero también evidencia la urgente necesidad de fortalecer los controles fronterizos y desarticular las redes de tráfico de armas que siguen amenazando la seguridad en Cúcuta.
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