Risaralda se para duro para proteger el ambiente: van a demoler casas construidas en zonas de protección

Ante el creciente número de invasiones y la venta ilegal de lotes en zonas declaradas de protección ambiental en Risaralda, la autoridad ambiental del departamento ratificó que estas construcciones deberán ser demolidas, tal como lo establecen las normas orientadas a la conservación del medio ambiente.

La entidad también hizo un llamado a las personas con necesidad de vivienda para que no caigan en manos de los llamados “tierreros”, quienes buscan lucrarse promoviendo ocupaciones ilegales en áreas protegidas.

Subdivisiones irregulares en La Bella

Al respecto, el director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), Julio César Gómez, indicó que uno de los casos más preocupantes se registra en el corregimiento de La Bella, donde personas inescrupulosas han llegado a subdividir en múltiples partes un lote de aproximadamente 23.000 metros cuadrados.

“Quiero recordarle a la gente que quienes compran predios en áreas protegidas están haciendo una mala inversión, porque tarde o temprano esas construcciones tendrán que ser demolidas. No es una amenaza, es simplemente el cumplimiento de la ley”.

“Aquí nadie está amenazando a la ciudadanía. Lo único que estamos haciendo es cumplir la Constitución y las normas de conservación ambiental. La única forma de evitar estas demoliciones sería cambiando la Constitución y las normas ambientales para permitir urbanizar donde hoy está prohibido”.

Comunidad pide respeto en los procedimientos

Por su parte, Belisario Ariza, habitante del corregimiento de La Bella, manifestó que, si bien la comunidad entiende que la CARDER debe cumplir con su labor de control ambiental, pide que los procesos de demolición se realicen respetando los derechos de los ciudadanos y sin atropellos.

“El director tiene la obligación legal de realizar los desalojos, eso es claro, pero no puede hacerlo pasando por encima de la gente ni atropellando a las comunidades. Cumplir la ley no puede significar cometer arbitrariedades contra la ciudadanía”.

“Este mensaje ya se lo he manifestado personalmente al director, y hoy lo reitero a través de los medios de comunicación. Los procedimientos deben hacerse con respeto y garantías para las personas que están siendo desalojadas. No estamos en contra de que se cumpla la ley; lo que pedimos es que no se atropelle a la gente en ese proceso”, puntualizó.