La Fiscalía General de la Nación judicializó a Neiro Toro Martínez, hombre señalado por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.
El procesado fue capturado en flagrancia tras un operativo policial en la vía que comunica a Convención con Ocaña, en Norte de Santander.
Los hechos se registraron el pasado sábado 31 de enero de 2026.
Uniformados de la Policía Nacional le hicieron señal de pare a un vehículo que conducía Toro Martínez, quien hizo caso omiso y emprendió la huida, activando entonces las alarmas de las autoridades, que entendían que había un motivo que justificaba la huida del conductor y posteriormente lo terminaron comprobando.
Tras una persecución, el automotor en el que se movilizaba el sujeto, fue interceptado por las autoridades.
Hallazgo
En el registro al vehículo se hallaron dos cajas con 35 paquetes de base de coca, que tras realizar el proceso de pesaje, se determinó que transportaba un peso total de 35 kilos y 182 gramos.
Durante el procedimiento se incautó la sustancia ilícita y el automotor utilizado para el transporte de la misma.
Neiro Toro fue puesto a disposición de un juez de control de garantías, donde no aceptó el cargo imputado.
Tras las audiencias preliminares, el juez impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario mientras avanza la investigación en su contra.
Se inhabilitó un laboratorio ilegal en el que se procesaba cocaína: más de 600 kilos incautados
Un contundente golpe al narcotráfico fue propinado en Norte de Santander, tras la inhabilitación de un laboratorio ilegal para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en la vereda Gratamira. La operación fue adelantada por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, en articulación con el Ejército Nacional.
Durante el procedimiento, las autoridades incautaron 622 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 2.591 galones de insumos químicos líquidos y 350 kilogramos de insumos químicos sólidos, utilizados para la producción del estupefaciente.
Según las investigaciones preliminares, la infraestructura ilegal que estaba detrás de la realización de diversos actos delictivos, pertenecería al grupo armado organizado, estructura Juan Fernando Porras Martínez, debilitando de manera significativa su capacidad financiera y logística en la región.
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