Una red delictiva está siendo investigada por la Fiscalía por haber recibido más de $6.800 millones en dos años por motivo de remuneración tarifaria del servicio de reciclaje en Tunja, Duitama y Sogamoso.
De acuerdo con la investigación, los implicados son Laura Maritza Castro y Ronald Pulido Forero, representantes legales de dos empresas recolectoras de residuos, además de Ingrid Yineth Amaro.
Estas personas entregaron información falsa a la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios sobre supuestas toneladas recolectadas en dichas ciudades boyacenses. Los elementos materiales probatorios indican que las dos sociedades no contaban con bodegas operativas para el almacenamiento y disposición del material, ni con el personal requerido para cumplir con la labor.
Según la Fiscalía, esta agrupación ilegal incluyó informes falsos con nombres de habitantes de calle y recicladores para justificar facturas por toneladas que nunca reciclaron; pues, en Colombia existe un reconocimiento monetario que contempla la ley para los recicladores de oficio por recolectar, transportar y clasificar residuos.
Gran parte de los $6.000 millones que obtuvieron de manera irregular, fueron destinados para adquirir vehículos de gama alta, inmuebles, entre otros bienes.
“Asimismo, quedaron al descubierto diversas actuaciones posteriores como ajustes ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), simulaciones documentales y alteración de información con el propósito de evitar que fuera detectado el entramado ilícito y obstaculizar la acción de la justicia”, señaló Deicy Jaramillo delegada Fiscalía.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá imputó a los tres presuntos involucrados, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, enriquecimiento ilícito y alteración de elemento material probatorio.
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