La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión de 12 meses al exalcalde de La Esperanza (Norte de Santander), Antonio María Pérez Pabón (2020-2023), por irregularidades en la compra de un predio rural que habría sido adquirido con un sobrecosto cercano a los $386 millones.
De acuerdo con la decisión adoptada por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga, el exmandatario nortesantandereano incumplió su deber de administrar los recursos públicos de manera responsable y justificada.
La investigación determinó que Pérez autorizó el pago de $645.825.708 por un lote cuyo valor comercial era considerablemente menor.
Según el avalúo realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el valor real del predio rondaba los $259.140.000.
Esto evidencia una diferencia de $386.685.708 entre el precio pagado y el valor técnico estimado, lo que sustentó la decisión disciplinaria.
En el fallo de primera instancia, la Procuraduría calificó la conducta como una falta gravísima cometida a título de culpa grave, lo que implica que, aunque no se haya demostrado intención directa de causar daño, sí existió una negligencia significativa en el cumplimiento de sus funciones.
El ente de control concluyó que el exalcalde vulneró principios fundamentales de la contratación estatal, como la moralidad, la eficacia, la economía y la responsabilidad.
Estos principios buscan garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera transparente y en beneficio de la comunidad, evitando posibles detrimentos patrimoniales.
La sanción de suspensión por 12 meses representa una medida disciplinaria que afecta la posibilidad de ejercer cargos públicos durante ese periodo.
Sin embargo, el caso aún podría tener nuevas implicaciones, ya que se espera el avance de otras actuaciones que permitan determinar si existen responsabilidades adicionales.
Entre las posibles consecuencias futuras se contempla la imposición de sanciones económicas o incluso medidas de tipo penal, que podrían derivar en reclusión en centro carcelario o en el domicilio del exfuncionario, dependiendo de lo que determinen las autoridades competentes.
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