Una mujer que había sido secuestrada tras desplazarse a una finca para preparar los alimentos de un trabajador regresó a la libertad. Desde el momento de su desaparición, sus seres queridos recorrieron varios sectores de la región buscando información y acudieron a la Defensoría del Pueblo para recibir acompañamiento en las gestiones de su liberación.
Aunque el reencuentro pone fin a la angustia de su familia, las circunstancias de su liberación y las condiciones en las que permaneció cautiva están siendo investigadas por las autoridades.
Olguín Mayorga, representante de las víctimas de la violencia en Norte de Santander, celebró el regreso: "Esta noticia nos llena de alegría en momentos de tensión por el congelamiento de los canales humanitarios, ante las graves denuncias contra la Defensoría del Pueblo y el rompimiento de diálogos con los diversos grupos armados".
A pesar de esta liberación, la crisis humanitaria en la región continúa. Mayorga advirtió que se tiene el reporte de otras 10 personas secuestradas por diversos grupos armados en varios municipios de la zona del Catatumbo, entre las que se encuentran civiles y policías. El líder social manifestó que se espera su pronta liberación a través de canales humanitarios.
Velatón en Bogotá por policías secuestrados
Entre los cautivos se encuentran tres uniformados de la Policía Nacional secuestrados por el ELN desde el pasado 17 de agosto en la vía Cúcuta-Ocaña. Se trata del mayor Fredy Alexis Russi González y los patrulleros Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edison Yezid Medina.
Ante la falta de noticias sobre su paradero y estado de salud, familiares y amigos de los policías realizaron una velatón en la Plaza de Bolívar, en Bogotá. Con esta concentración en la capital del país, las familias exigieron la liberación inmediata de sus seres queridos y llamaron la atención del Gobierno Nacional ante la angustia que enfrentan.
La comunidad, considera importante la presencia de Canales Humanitarios
La suspensión de los canales humanitarios en el Catatumbo ha generado preocupación entre autoridades departamentales, defensores de derechos humanos y líderes sociales, quienes advierten que esta situación está dificultando las labores de mediación con los grupos armados y aumentando los riesgos para las comunidades civiles.
Con la llegada del nuevo Gobierno Nacional, las altas consejerías de paz y las comisiones humanitarias que adelantaban labores de acercamiento en diferentes zonas del país han quedado sin autorización para establecer comunicaciones o contactos con actores armados, en el marco de los procesos de diálogo y acuerdos que se venían desarrollando durante la anterior administración.
En el Catatumbo, esta decisión ha afectado el trabajo humanitario que adelantaban personerías municipales, líderes sociales, la Iglesia Católica y otros organismos que intervenían en situaciones relacionadas con el conflicto armado, donde han advertido un incremento de los señalamientos y la estigmatización contra quienes participan en este tipo de labores.
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