En una rueda de prensa, que contó con la presencia del fiscal Francisco Barbosa, el procurador, Fernando Carrillo y el contralor, Carlos Felipe Córdoba, fueron anunciadas presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a las ayudas humanitarias, para atender la emergencia ante la COVID-19.
En los casos de las alcaldías de Malambo y Soledad, en el Atlántico, el procurador Carrillo dio a conocer que avanza la indagación preliminar para evaluación sobre posible juicio disciplinario o la apertura de investigaciones disciplinarias.
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La investigación, según el jefe del Ministerio Público, surgió a partir de un contrato celebrado por más de cuatro mil millones de pesos, en el municipio de Malambo y otro por dos mil millones en Soledad, firmados el mismo día con la Fundación Lirio de los Valles, para el suministro de 140 mil ayudas y mercados para las familias vulnerables de estos municipios.
Por su parte, la Contraloría General de la República abrió indagación preliminar por supuestas irregularidades en la ejecución de los contratos suscritos. A estas pesquisas también se unió la Fiscalía para determinar responsabilidad penal.
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Según lo informado por la Procuraduría, siete de los procesos disciplinarios que existen corresponden al Atlántico: Dos de estos en Malambo, dos en Soledad, uno en Puerto Colombia, Sabanalarga y Barranquilla.
El fiscal, Francisco Barbosa, dio a conocer que el acusador tiene 38 casos en indagación preliminar contra 41 funcionarios en 41 municipios de Atlántico, Cesar, Sucre, Bolivar, y La Guajira, entre otros.
En el país se iniciaron 24 expedientes por contratación en 14 gobernaciones, y 70 procesos en 55 alcaldías. También se revisan contratos que vinculan 24 entidades del orden nacional y territorial.
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