Un juez ordenó 10 días de arresto y una multa económica al alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, al considerar que persiste el incumplimiento de una acción de tutela relacionada con la protección de los derechos de los habitantes del sector de Playa Salguero, un caso que desde hace varios meses permanece bajo seguimiento de las autoridades de esta región del país.
La decisión fue adoptada dentro de un incidente de desacato, luego de que el despacho judicial concluyera que las órdenes impartidas en el fallo de tutela no habrían sido acatadas en su totalidad por la administración distrital. Con esta determinación, el juez endureció las medidas adoptadas frente al proceso y aumentó la sanción impuesta al mandatario.
Comunidad de Salguero reclama sus derechos
El caso tiene su origen en las acciones judiciales promovidas por residentes de Playa Salguero, quienes acudieron a la tutela para reclamar la protección de sus derechos frente a las afectaciones que desde hace años se presentan en esa zona por la erosión costera y otros problemas que "no han sido resueltos de manera definitiva". La situación ha obligado incluso al Distrito a estudiar la prórroga de la calamidad pública en ese sector mientras avanzan obras y estudios técnicos.
Se supo que Pinedo y la secretaria de Planeación, al parecer, "no cumplieron con lo estipulado en un fallo de una acción de tutela del 19 de noviembre de 2025, que ordenó que en 48 horas le debían responder un derecho de petición".
¿Quién fue el demandante?
El demandante fue José Humberto Torres, quien radicó un derecho de petición a la Alcaldía de Santa Marta para que respondiera unas preguntas por esas obras de estabilización costera y la construcción de espolones de Playa Salguero, construcción suspendida por decisión de laAutoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).
Entre las preguntas de Torres estaban las gestiones realizadas por la administración para obtener la licencia ambiental para realizar la obra suscrita, el estado del contrato y los giros que se han hecho al contratista y establecer si se presentó un detrimento patrimonial para el Estado.
Y a pesar de que ese fallo de 2025 fue confirmado en segunda instancia, el Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Marta constató que no se le dio respuesta al derecho de petición de José Humberto Torres.
Hay que decir la decisión deberá surtir el trámite correspondiente ante el superior jerárquico, que será el encargado de revisar si la confirma, la modifica o la revoca, como ocurre en este tipo de actuaciones judiciales.
Alcaldía no se ha pronunciado aún
Hasta el momento, la Alcaldía de Santa Marta no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre esta decisión. Se espera que en las próximas horas la administración distrital informe las acciones jurídicas que adelantará para controvertir la providencia y sustentar el cumplimiento de las órdenes impartidas por el juez.
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