El Gobierno nacional oficializó al sacerdote Cyrillus Swinne como facilitador en un proceso de acercamiento entre integrantes de las estructuras criminales conocidas como ‘los Pepes’ y ‘los Costeños’, que operan en el suroccidente de Barranquilla. La designación se formalizó mediante la Resolución 061 de 2026, emitida por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de Colombia, liderada por Otty Patiño.
El religioso, ampliamente reconocido por su trabajo social en sectores vulnerables de la ciudad, tendrá la misión de facilitar espacios de diálogo durante un periodo inicial de tres meses, en el marco de la estrategia de paz urbana impulsada por el Gobierno. El objetivo es generar acercamientos que permitan reducir la violencia y abrir caminos hacia la reconciliación en zonas históricamente afectadas por enfrentamientos entre estas estructuras.
La decisión se produce en un contexto de preocupación por la seguridad en la capital del Atlántico, donde las disputas entre estos grupos han incidido en hechos de violencia, especialmente en barrios del suroccidente. En ese escenario, la figura del padre Cirilo surge como un actor de confianza comunitaria, con décadas de trabajo directo con jóvenes y poblaciones en riesgo.
Un mediador con arraigo social
El padre Cirilo, de 81 años y con cerca de cinco décadas de labor pastoral en Barranquilla, ha liderado múltiples iniciativas enfocadas en la transformación social. Su trabajo se ha centrado en brindar alternativas a niños, adolescentes y jóvenes expuestos a contextos de violencia, a través de la educación, el arte y el acompañamiento comunitario.
Entre sus proyectos más destacados se encuentra la Casa Lúdica, un espacio donde jóvenes participan en actividades como pintura, música, formación ambiental y promoción de derechos, con el propósito de alejarlos de dinámicas delictivas. También ha impulsado bibliotecas comunitarias y programas de atención a población en condición de discapacidad en sectores como La Paz y Nueva Colombia.
De acuerdo con declaraciones previas del sacerdote, su motivación para aceptar este rol radica en la necesidad de que distintos sectores de la sociedad contribuyan a la construcción de paz. “Tenemos que trabajar todos y aportar lo posible para que por fin tengamos paz”, expresó en su momento al referirse a la propuesta del Gobierno.
Violencia juvenil y falta de oportunidades
Uno de los puntos que ha reiterado el padre Cirilo es la preocupación por el aumento de la participación de jóvenes en actividades delictivas. Según ha señalado, muchos de los actores involucrados en la criminalidad son menores o jóvenes adultos que encuentran en estas estructuras una alternativa ante la falta de oportunidades.
“El problema grande que tenemos es que todavía hay muy pocas oportunidades para los jóvenes”, ha advertido, insistiendo en que el acceso a educación, cultura y empleo puede marcar la diferencia para evitar que caigan en redes criminales.
Este enfoque coincide con la visión de la política de paz urbana, que busca no solo disminuir la violencia mediante acuerdos, sino también intervenir las causas estructurales que la generan, como la exclusión social y la falta de acceso a servicios básicos.
Un proceso con retos y expectativas
La designación del padre Cirilo se da en medio de un panorama complejo, en el que las autoridades buscan mantener y fortalecer eventuales treguas entre estos grupos, al tiempo que avanzan en acciones de control y judicialización.
Si bien el proceso apenas inicia, se espera que la mediación contribuya a reducir los enfrentamientos y a generar condiciones para la convivencia en sectores golpeados por la violencia. La experiencia del sacerdote en resolución de conflictos comunitarios y su cercanía con las comunidades son vistas como factores clave para el éxito de esta iniciativa.
Desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de Colombia se ha insistido en que estos procesos requieren del compromiso de múltiples actores y de la confianza de las comunidades para avanzar hacia resultados sostenibles.
En ese sentido, la labor del padre Cirilo no solo será acercar a las partes, sino también servir como puente entre las estructuras, la institucionalidad y la ciudadanía, en un intento por transformar realidades marcadas por años de violencia.
El desarrollo de estos diálogos en los próximos meses será determinante para medir el impacto de esta apuesta de paz urbana en Barranquilla, una ciudad que enfrenta el desafío de recuperar la seguridad sin perder de vista la necesidad de inclusión social y oportunidades para sus habitantes.
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