Dos viviendas del barrio Buenos Aires de Quimbaya (Quindío) quedaron bajo medidas cautelares dentro de un proceso de extinción de dominio, luego de que las autoridades establecieran que continuaban siendo utilizadas para almacenar y distribuir estupefacientes, pese a la captura de varios integrantes de la organización delincuencial a la que estarían vinculadas.
La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional aplicaron sobre los predios las medidas de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro, con el fin de impedir que estos bienes sigan siendo utilizados para actividades ilegales mientras avanza el proceso judicial.
Los inmuebles tienen un avalúo comercial cercano a los $300 millones y, según la investigación, habrían servido como puntos para el funcionamiento de una estructura dedicada al tráfico de drogas en Quimbaya.
Los inmuebles continuaban en la mira de las autoridades
El antecedente de estos predios se remonta al 15 de noviembre de 2021, cuando las autoridades adelantaron un operativo contra una organización delincuencial dedicada al tráfico de estupefacientes y capturaron a 12 de sus integrantes mediante órdenes judiciales.
Entre los detenidos estaba Frank Sebastián Molina Cardona, señalado por las autoridades como uno de los principales responsables de la estructura.
Sin embargo, las investigaciones posteriores permitieron establecer que los inmuebles relacionados con esta organización presuntamente seguían siendo utilizados para mantener actividades ilícitas, especialmente el almacenamiento y distribución de sustancias estupefacientes.
Durante la diligencia de aplicación de las medidas cautelares, los uniformados encontraron en las viviendas 100 dosis de base de cocaína, avaluadas en aproximadamente $2 millones, además de material de empaque utilizado para la dosificación del estupefaciente.
La teniente coronel Nelly Yolima Parada Pineda, Comandante Departamento de Policía Quindío encargada, explicó que estas acciones buscan afectar directamente la capacidad operativa y económica de los grupos delincuenciales, al intervenir los bienes que presuntamente utilizan para cometer delitos.
“Cuando un inmueble es utilizado como instrumento para actividades criminales, las autoridades tienen la obligación de actuar para evitar que siga siendo una herramienta al servicio de las estructuras delincuenciales”, indicó la oficial.
La decisión definitiva todavía está en manos de la justicia
Aunque las viviendas ya fueron afectadas con medidas cautelares, esto no significa que hayan pasado de manera definitiva al Estado. El proceso de extinción de dominio continuará su trámite ante las autoridades judiciales, que deberán determinar si procede la pérdida del derecho de propiedad.
La Policía recordó que la propiedad privada tiene una función social y que ningún bien puede ser utilizado para facilitar actividades que afecten la seguridad de una comunidad.
Las autoridades también hicieron un llamado a los ciudadanos para reportar de manera reservada inmuebles o actividades relacionadas con el tráfico de drogas, con el propósito de fortalecer las investigaciones contra las redes delincuenciales en el departamento.
¿Por qué fueron intervenidas las dos casas de Quimbaya?
Porque una investigación de las autoridades permitió relacionarlas con una estructura dedicada al tráfico de estupefacientes y establecer que presuntamente eran utilizadas para almacenar y distribuir droga.
¿Qué ocurrió antes con esta organización delincuencial?
En noviembre de 2021, la Policía y la Fiscalía capturaron a 12 integrantes de la estructura, entre ellos Frank Sebastián Molina Cardona, señalado como uno de sus líderes.
¿Qué encontraron los investigadores durante el procedimiento?
En los inmuebles fueron halladas 100 dosis de base de cocaína y elementos utilizados para empacar y dosificar sustancias ilegales.
¿Las casas ya fueron entregadas al Estado?
No. Por ahora permanecen bajo medidas cautelares dentro del proceso de extinción de dominio y será la justicia la que determine si procede la pérdida definitiva de los bienes.
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