Como medida preventiva y de protección inmediata, las autoridades activaron esquemas de escolta para la familia del fallecido subdirector Renato Solano y la del actual director de la cárcel de Rivera, quien resultó ileso en el atentado que también cobró la vida del pequeño hijo de Solano, hecho que encendió las alertas de las autoridades.
La decisión se adoptó ante el nivel de riesgo identificado y con el objetivo de salvaguardar la vida e integridad de los núcleos familiares, en un contexto de especial sensibilidad para la seguridad institucional del departamento.
De acuerdo con la información oficial, la Unidad SONDRA de Protección implementó de manera urgente un esquema de seguridad de emergencia, que incluye acompañamiento permanente, medidas de control y vigilancia, y coordinación directa con los mandos de la Policía Metropolitana.
Estas acciones buscan reducir cualquier riesgo derivado de retaliaciones o nuevas amenazas, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos y dar con los responsables.
El secretario de Gobierno municipal, José Ferney Ducuara, explicó que “la activación de estos esquemas responde a protocolos establecidos para situaciones de alto riesgo, especialmente cuando se trata de funcionarios o familias vinculadas a la institucionalidad y al sistema penitenciario”.
Señaló que la prioridad de las autoridades es la protección de la vida y la tranquilidad de las personas afectadas, así como el fortalecimiento de la confianza ciudadana frente a la capacidad de respuesta del Estado.
En paralelo a las medidas de protección, la Fiscalía del Huila conformó un grupo de tareas especiales que trabaja de manera ininterrumpida las 24 horas del día, donde se designó un fiscal especializado para liderar el proceso investigativo.
Según se informó, esta articulación ha permitido avances significativos en la recolección de pruebas testimoniales y técnicas, fundamentales para esclarecer el atentado y evitar que el caso quede en la impunidad.
“El trabajo investigativo incluye análisis balísticos, revisión de cámaras de seguridad, entrevistas a testigos y verificación de posibles móviles relacionados con el ejercicio del cargo del director del centro carcelario. Asimismo, se evalúan líneas de investigación que permitan establecer si existen estructuras criminales detrás del hecho o si se trata de acciones aisladas”, agregó.
Desde la administración municipal se reiteró que, si bien el atentado generó preocupación en la opinión pública, se trata de un hecho puntual que no refleja el comportamiento general de la seguridad en la ciudad. “El año 2025 cerró con una reducción en varios delitos de alto impacto, especialmente en homicidio y hurto, como resultado de estrategias articuladas entre la Policía, la Fiscalía y la Alcaldía”, puntualizó el secretario.
El secretario de Gobierno señaló que para el 2026 se fortalecerán las capacidades institucionales, con mayor inversión en tecnología, inteligencia, prevención del delito y presencia policial en zonas estratégicas. Además, se continuará trabajando en la articulación con organismos judiciales y de control para garantizar respuestas oportunas frente a cualquier amenaza contra la seguridad ciudadana.
“Reiteramos nuestro rechazo categórico a cualquier acto de violencia que atente contra la vida, la institucionalidad y la convivencia, sobre todo donde menores han sido víctimas”, indicó el secretario.
Asimismo, se insistió en que la protección de los funcionarios y sus familias es una responsabilidad del Estado, y que los esquemas de seguridad se mantendrán el tiempo que sea necesario, mientras se consolidan los resultados judiciales.
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