Luego de afrontar una de las etapas más complejas en materia de seguridad en el occidente colombiano, las autoridades administrativas del departamento de Risaralda han alzado la voz para exigir garantías de continuidad en el despliegue de las unidades de élite del Estado, recordando que, al cierre del año 2025, el área metropolitana conformada por Pereira, Dosquebradas y La Virginia, registró un alarmante balance superior a los 300 homicidios, la Gobernación elevó una petición formal y estratégica a las instancias nacionales.
La exigencia central de la Gobernación de Risaralda radica en no desmontar el bloque de búsqueda de la Policía Nacional en el área metropolitana, ni retirar los contingentes de Fuerzas Especiales del Ejército Nacional que fueron enviados a la zona del occidente, principalmente en el carreteable hacia el Chocó, para encarar la criminalidad organizada.
La petición cobra una dimensión de urgencia debido a las múltiples dinámicas delictivas que convergen en la región; por un lado, las disputas territoriales del microtráfico en las zonas urbanas y, por el otro, la zozobra constante que enfrentan los transportadores, indígenas, comunidades afro y mestizas en el corredor vial que conecta a Risaralda con el departamento del Chocó.
¿Por qué resultan indispensables estos contingentes?
El balance de los últimos meses demuestra que la contención de los índices delictivos en el occidente del departamento y en el área metropolitana de Pereira, ha dependido directamente del blindaje operativo de estas unidades interinstitucionales.
La labor militar y policial de alta filiación, ha permitido mitigar la expansión de grupos armados ilegales que buscan controlar los ejes viales y las cadenas de distribución del tráfico de estupefacientes.
El gobernador Juan Diego Patiño Ochoa, asumió la vocería de esta solicitud institucional y enfatizó que la presencia de estas tropas ha sido el factor diferenciador en la contención del delito. El mandatario departamental sostuvo que "se ha elevado una solicitud formal ante el Ejecutivo central, argumentando que las unidades de combate han logrado mitigar la crisis de seguridad tanto en la zona occidental como en la zona urbana metropolitana".
De la misma forma, el líder regional recalcó la importancia del trabajo articulado señalando que "es indispensable alinear la gestión de todos los organismos de control para sacar adelante este asunto vital y prioritario para los ciudadanos".
Consciente del impacto del trabajo en equipo con los alcaldes de la zona en cuestión, el gobernador ratificó su compromiso frente al orden público. Patiño Ochoa reiteró que "desde el despacho departamental se continuará articulando la seguridad de jurisdicciones estratégicas como Pereira y Dosquebradas, por lo que se insisto a los gobiernos nacionales saliente y entrante, en mantener el respaldo operacional del bloque de búsqueda y de los comandos del Ejército".
Igualmente, la máxima autoridad de los risaraldenses dejó en claro que "las tropas de élite asignadas al territorio han sido aliadas fundamentales para la contención delictiva y no deben ser replegadas en esta coyuntura".
Mantenimiento del orden
Según explicó la administración departamental, la permanencia indefinida de estos cuerpos especializados garantizaría el avance de los procesos judiciales, orientados a la captura de los principales cabecillas de las bandas criminales con presencia en la región, tales como la estructura 'Cordillera' y los frentes del ELN que delinquen en los límites con el Chocó.
Este llamado de la Gobernación de Risaralda se suma a una serie de hechos y medidas de choque que se han adoptado en el occidente risaraldense durante las últimas semanas, por ejemplo, la situación en el municipio de Pueblo Rico, donde la Alcaldía tuvo que decretar toque de queda para menores de edad, restricción a la circulación de motocicletas y prohibición del vuelo de drones, tras los recientes ataques del ELN contra la policía en la zona, que evidencian que la amenaza armada sigue latente en esa zona del departamento.
De igual forma, persiste el reclamo constante de los gremios transportadores ante la quema de vehículos en la vía Panamericana hacia el Chocó, un acontecimiento que refuerza la tesis del Gobernador de que, sin la presencia constante de las Fuerzas Especiales y el Bloque de Búsqueda, la conexión vial entre el Eje Cafetero y el Pacífico quedaría expuesta a un grave retroceso en materia de seguridad.
Preguntas sobre la solicitud
¿Qué le solicitó el Gobernador de Risaralda al Gobierno Nacional?
Mantener en el departamento el bloque de búsqueda de la Policía y las Fuerzas Especiales del Ejército.
¿Con cuántos homicidios cerró el año 2025 el área metropolitana de Pereira?
El año 2025 lo cerró con más de 300 homicidios.
¿Qué corredores o zonas se buscan proteger?
El área metropolitana (Pereira, La Virginia y Dosquebradas), el occidente del departamento y la vía entre Risaralda y Chocó.
¿Qué facilita la permanencia de estos grupos de élite?
Ampliar la posibilidad de la captura de cabecillas de grupos al margen de la ley y la contención de actos violentos.
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