Un operativo contra el presunto fraude eléctrico encendió las alarmas en Galapa, Atlántico. Air-e Intervenida, con el acompañamiento de la Policía Nacional y la Alcaldía municipal, detectó 14 transformadores ilegales asociados a establecimientos dedicados a la transformación y comercialización de productos plásticos, conocidos popularmente como plastiqueras.
La intervención se llevó a cabo en el sector de Las Petronitas, en la zona rural del municipio, donde las autoridades inspeccionaron varios negocios que, según la compañía, estarían relacionados con conexiones irregulares y manipulación de las redes eléctricas.
De acuerdo con el reporte de Air-e, las 14 plastiqueras intervenidas acumulan una deuda de 2.767 millones de pesos, equivalente al 62 % de la cartera identificada en este grupo de establecimientos.
Más de $4.400 millones en deudas
Durante la jornada también fueron inspeccionados otros establecimientos comerciales, entre ellos tres centros recreacionales, dos trituradoras, una tapicería de muebles, una bloquera y una rosquitería.
Según la empresa, el conjunto de los negocios intervenidos registra obligaciones cercanas a los 4.400 millones de pesos.
Uno de los casos más representativos corresponde a la plastiquera La Esperanza, ubicada en el predio Arturo Ávila, que adeuda aproximadamente 659 millones de pesos a la compañía.
Como parte de las acciones adelantadas durante el operativo, Air-e suspendió el servicio de energía a las 14 plastiqueras señaladas en el informe.
Ocho transformadores en un solo predio
Otro de los hallazgos que llamó la atención de los equipos operativos se produjo en un predio donde funcionaban cuatro establecimientos comerciales: tres plastiqueras y una trituradora de piedra.
En ese lugar fueron encontrados ocho transformadores ilegales que, de acuerdo con la capacidad instalada identificada por la empresa, cercana a los 126.000 kWh, podrían abastecer hasta 700 familias durante un mes.
Air-e advirtió que el funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales con alta demanda energética en zonas rurales y sectores eléctricamente subnormales, sumado a la manipulación de las redes, puede generar sobrecargas en los circuitos, aumentar el riesgo de fallas y poner en peligro la integridad de las personas.
La compañía señaló que estas prácticas también pueden perjudicar a las comunidades vulnerables que dependen de la infraestructura eléctrica para contar con un servicio estable.
Air-e pide frenar las conexiones ilegales
Ramiro Castilla Andrade, agente especial de Air-e Intervenida, aseguró que la empresa continuará trabajando de manera articulada con las autoridades para combatir las conexiones ilegales, proteger la infraestructura y recuperar la cartera pendiente.
El funcionario indicó que, aunque se han adelantado obras para fortalecer la prestación del servicio, es necesario controlar las conexiones irregulares para evitar que persistan los problemas eléctricos en la zona rural de Galapa.
“Si no se controlan las conexiones ilegales volveremos a enfrentar los mismos problemas a corto o mediano plazo”, advirtió Castilla Andrade.
La empresa recordó que las conexiones no autorizadas y la manipulación de los equipos eléctricos pueden comprometer la confiabilidad del sistema y afectar a los usuarios que cumplen con el pago de sus facturas.
Air-e Intervenida anunció que continuará desarrollando operativos con las autoridades para detectar irregularidades, proteger las redes y avanzar en la recuperación de los recursos adeudados.
Mientras tanto, el caso de Las Petronitas vuelve a poner sobre la mesa los desafíos que enfrenta la prestación del servicio de energía en sectores rurales del Atlántico, donde las conexiones ilegales y las deudas acumuladas representan un obstáculo para garantizar un suministro confiable a las comunidades.
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