La comisión integrada por defensores de derechos humanos, líderes sociales y organizaciones de carácter nacional entregó un balance oficial de la más reciente caravana humanitaria que recorrió extensa parte de la región del Catatumbo el pasado mes de marzo.
Riesgos como la utilización de drones cargados con explosivos, el incremento de operaciones aéreas y bombardeos por parte del Estado, el fenómeno de desplazamiento y el aumento de los homicidios son los principales hallazgos de la comisión, que sigue poniendo en riesgo la seguridad de las comunidades.
Sin embargo, la comisión logró evidenciar que las comunidades que están en el registro único de víctimas no están recibiendo las ayudas monetarias que el Estado dispuso para esta población. Esto debido a la suspensión de convenios con entidades financieras, que impide la transferencia de recursos a decenas de familias.
"Se identifica la suspensión del convenio con Efecty, plataforma por medio de la cual se hacen las transferencias monetarias para recibir ayuda humanitaria que limitan el acceso a estas y afectan directamente la subsistencia de las familias", manifestó la ONG Vivamos Humanos, a través de un comunicado.
En medio de la declaratoria de emergencia humanitaria y conmoción interior, el gobierno nacional anunció el pago de subsidios a las familias campesinas afectadas por la violencia y que están en el registro único de víctimas. Recursos que ascienden a 230 mil pesos por familia, que sirven para acceder a recursos básicos que mejoren las condiciones mínimas de subsistencia.
Las organizaciones sociales en la región han manifestado que esta situación ha generado una revictimización de las poblaciones que están en medio de la guerra entre el ELN y las disidencias de las FARC, que se ha intensificado en los últimos quince meses.
Sin acceso a servicios básicos:
El incremento de la ofensiva militar entre el ELN y las disidencias de las FARC en municipios como Tibú y El Tarra ha impedido que miles de familias accedan a servicios básicos como la salud, la educación e implementación de proyectos productivos en las zonas. Situación que genera graves afectaciones al derecho internacional humanitario y los derechos humanos de las comunidades.
"En materia de servicios básicos, persisten barreras estructurales como la ausencia de puestos de salud en zonas críticas, dificultades para acceder al Programa de Alimentación Escolar (PAE) y limitaciones para la implementación de proyectos productivos sostenibles".
La profundización de la crisis en el Catatumbo
A quince meses del inicio de la confrontación armada entre el ELN y las disidencias de las FARC en el Catatumbo, la situación de orden público y la crisis humanitaria se agrava de manera desmesurada.
El informe de la comisión muestra que siguen ocurriendo desplazamientos, hay poca seguridad y las condiciones de seguridad siguen siendo malas. Esto ha dificultado que la comunidad en la zona pueda llevar a cabo sus actividades diarias con normalidad.
"La prolongación de la crisis humanitaria ha generado fenómenos de múltiples victimizaciones, donde personas desplazadas o víctimas de distintos impactos vuelven a ser afectadas por nuevos hechos de violencia, o experimentan múltiples desplazamientos dentro de la subregión. Los refugios humanitarios establecidos por la población civil, aunque representan mecanismos de autoprotección, enfrentan serias limitaciones en términos de sostenibilidad, seguridad alimentaria y acceso a servicios básicos", manifestó la ONG Vivamos Humanos.
Además, han manifestado que la persistencia de condiciones de inseguridad ha impedido el desarrollo de procesos organizativos fundamentales, como la elección de juntas de acción comunal, debilitando la gobernanza local y la capacidad comunitaria de respuesta.
Finalmente, desde la comisión humanitaria y las mismas comunidades han instado al gobierno nacional a tomar las medidas necesarias para mejorar las condiciones de miles de personas. Estas personas están en medio de la guerra entre los actores armados que se disputan el control de rutas del narcotráfico en áreas próximas a la frontera colombo-venezolana.
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