En los últimos años, Colombia ha sido escenario de numerosas protestas sociales que, en muchos casos, han incluido cierres o bloqueos viales.
Estas acciones han generado graves afectaciones a la movilidad, interrumpido el transporte de alimentos, impactado el sector turístico y, en situaciones extremas, puesto en riesgo la salud de personas que requieren atención médica urgente. Ante este panorama recurrente, surge un interrogante clave: ¿hasta dónde es legítimo el ejercicio del derecho a la protesta?
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, reconoce y garantiza plenamente el derecho a la reunión y manifestación pública y pacífica, consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política de 1991. “Entendemos la protesta social como una herramienta legítima de participación democrática que permite a la ciudadanía expresar sus demandas y contribuir a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria”, ha señalado la cartera.
Sin embargo, las autoridades advierten que este derecho no es absoluto.
Aunque la protesta debe ser respetada, no puede afectar de manera desproporcionada los derechos de la ciudadanía en general. En particular, el Gobierno ha sido enfático en que los bloqueos viales en el marco de las manifestaciones no están permitidos cuando impiden el acceso a servicios vitales, como la salud, el suministro de alimentos o la libre movilidad.
En tales casos, corresponde a las autoridades competentes intervenir para restablecer el orden público.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional respalda esta posición. El alto tribunal ha reiterado que la protesta es un derecho fundamental, pero encuentra sus límites en la garantía de los derechos de los demás.
Debe mantener un carácter estrictamente pacífico y no puede vulnerar el acceso a servicios esenciales, la vida, la libertad o la integridad física de las personas. La retención arbitraria de servidores públicos o ciudadanos, o cualquier restricción a su libertad como mecanismo de presión, desborda el ejercicio legítimo de la protesta y configura una vía de hecho punible.
Expertos y fallos constitucionales coinciden en que, si bien algunas formas disruptivas de protesta (como concentraciones que generan molestias) son inherentes al derecho, no pueden generar un “bloqueo absoluto de la vida en sociedad” ni un desequilibrio irrazonable frente a derechos de terceros. La disolución de manifestaciones solo procede ante alteraciones graves e inminentes, priorizando siempre medidas proporcionales y menos gravosas.
En este contexto, las autoridades recuerdan que funcionarios públicos y cualquier persona afectada tienen el deber de activar de inmediato los protocolos de denuncia ante las autoridades competentes. No puede haber impunidad frente a actos que vulneren la ley y los derechos fundamentales.
La protesta social sigue siendo un pilar de la democracia colombiana, pero su legitimidad depende del respeto al marco constitucional. Solo cuando se ejerce de forma pacífica y sin afectar derechos esenciales de terceros, contribuye realmente a una sociedad más justa.
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