La reforma laboral, aprobada en 2025, representa uno de los cambios más ambiciosos en las relaciones entre empleadores y empleados en las últimas décadas.
Dicha reforma, impulsada por el Gobierno Nacional, la Ley 2466 de 2025 modifica el Código Sustantivo del Trabajo con el objetivo de promover la estabilidad laboral, mejorar la remuneración y extender protecciones a sectores tradicionalmente afectados.
Esta normativa, según el gobierno Petro, busca equilibrar el poder adquisitivo de los trabajadores y fomentar un mercado laboral más justo, en un contexto donde la informalidad aún afecta a más del 55% de la población ocupada.
Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Colombia cuenta con alrededor de 24 millones de personas ocupadas.
La reforma impacta directamente a millones de trabajadores en todo el territorio nacional, especialmente a aquellos que se desempeñan en empleos formales y a grupos vulnerables que ahora acceden a mayores garantías.
Se estima que con la reforma se beneficia a una gran cantidad de asalariados en Colombia, incluyendo a quienes trabajan como domiciliarios de plataformas digitales, trabajadores del campo, de servicio doméstico y aprendices, al tiempo que impulsa la formalización de cientos de miles de empleos.
Beneficios para los trabajadores
Entre los principales beneficios de esta reforma destacan la priorización del contrato a término indefinido como modalidad general de vinculación, lo que limita los contratos temporales y asegura mayor estabilidad: aquellos que superen los cuatro años se convierten automáticamente en indefinidos. Además, se introdujeron mejoras en la jornada laboral, con el recargo nocturno iniciando a las 7:00 p.m. (35%) y un incremento progresivo en el recargo dominical y festivo, que empezó en 80% en 2025 y alcanzaría el 100% en 2027.
La ley también obliga a las plataformas de reparto a asumir el pago de seguridad social y riesgos laborales (ARL) para sus colaboradores, formalizando así a decenas de miles de trabajadores.
Para los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), se establecen contratos formales con el 75% del salario mínimo en el primer año y el 100% en el segundo, acompañados de sanciones monetarias (equivalentes a 1,5 salarios mínimos) para empresas que no cumplan con la cuota de aprendizaje.
Otras medidas incluyen la incorporación de las madres comunitarias a la planta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y facilidades para cuidadores que necesiten acuerdos flexibles con sus empleadores. En el teletrabajo, que se popularizó a nivel nacional e internacional tras la pandemia por el COVID-19, se reemplaza el auxilio de transporte por un subsidio de conectividad para quienes trabajan desde sus casas.
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