La Contraloría General de la República informó que, a través de su Delegada para el Sector Infraestructura, detectó hallazgos fiscales por $21.000 millones tras auditar el uso de recursos públicos del orden nacional transferidos al SETP del Distrito de Santa Marta para las vigencias 2023 y el primer semestre de 2025.
Del total, el principal hallazgo asciende a $19.840 millones y está asociado a un contrato suscrito en 2023 para la implementación del Sistema de Recaudo Centralizado, Control de Flota e Información al Usuario.
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Aunque el contrato fue pagado en su totalidad, al 30 de junio de 2025 no se evidenciaba la entrega ni la puesta en funcionamiento de los equipos tecnológicos, impidiendo el cumplimiento del objeto contractual.
La auditoría también estableció un segundo hallazgo con incidencia fiscal por $1.250 millones, con presunta incidencia disciplinaria, relacionado con el contrato de interventoría. Según el ente de control, la interventoría incumplió sus obligaciones al no registrar ni advertir oportunamente los incumplimientos del contratista, ni recomendar medidas correctivas o sancionatorias, pese a haber autorizado los pagos correspondientes.
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Además, la Contraloría evidenció deficiencias en la supervisión y seguimiento del convenio de cofinanciación por parte del Ministerio de Transporte y del Ente Gestor del SETP de Santa Marta. En particular, se señaló la ausencia de acciones efectivas frente al incumplimiento de las recomendaciones técnicas de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS), lo que afectó la adecuada gestión, control y uso de los recursos públicos aportados por la Nación.
El informe también revela imprecisiones en la entrega y cumplimiento del objeto contractual. La supuesta entrega parcial del Sistema de Operación se realizó, según el ente de control, mediante una reunión virtual, sin que existiera un documento técnico formal que certificara de manera detallada los elementos entregados, sus identificaciones y especificaciones, tal como lo exigía el contrato.
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Finalmente, tras revisar los informes de interventoría y supervisión, la Contraloría concluyó que, pese a los pagos efectuados, el Sistema de Operación del SETP de Santa Marta no se encuentra en funcionamiento, dejando en evidencia un grave riesgo para los recursos públicos y para la modernización del transporte en la capital del Magdalena.
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