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Se metieron con la plata de los niños: denuncian presuntos cobros en contratos del ICBF en La Guajira

ICBF Regional La Guajira

Un diputado de La Guajira mantiene una denuncia por presuntas irregularidades donde se estarían exigiendo porcentajes económicos.

Cortesía: ICBF La Guajira Juez ordenó al diputado de presentar las pruebas o sino debe rectificarse públicamente.

El diputado de La Guajira Luis Fernando Lobo ratificó su denuncia sobre posibles irregularidades en procesos contractuales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el departamento.

Según el dirigente, existiría un audio en el que se menciona la exigencia de un porcentaje cercano al 5 % del valor de los contratos, lo que habría sido solicitado a operadores encargados de programas para la niñez.

El caso ya fue puesto en conocimiento de instancias de control, junto con testimonios y evidencias que deberán ser evaluadas por las autoridades.

Impacto directo en la atención a niños

Uno de los puntos más delicados de la denuncia es el posible efecto sobre la población infantil. El diputado aseguró que estas presuntas prácticas habrían generado retrasos en la firma de contratos, lo que a su vez impacta la ejecución de programas dirigidos a niños y niñas en condición de vulnerabilidad.

La situación implica que servicios esenciales, como alimentación y atención integral, podrían verse afectados, especialmente en momentos clave del calendario institucional. La controversia escaló al ámbito judicial luego de que la persona señalada interpusiera una acción de tutela por vulneración al buen nombre y la honra. Un juez ordenó al diputado presentar pruebas que respalden sus afirmaciones o, en su defecto, rectificarse públicamente.

“No puedo rectificarme frente a un hecho que considero cierto. Es un deber defender los derechos y los recursos públicos, especialmente cuando están en juego los niños y niñas”, aseguró el diputado Lobo.

El diputado sostiene que las evidencias, especialmente el audio, demostrarían prácticas indebidas dentro de la contratación pública.

Sin embargo, la defensa del funcionario implicado cuestiona el material, argumentando que podría estar descontextualizado o incompleto, lo que deberá ser determinado en el proceso judicial. El diputado insistió en que su denuncia busca evitar que se sigan afectando los derechos de los niños y niñas, subrayando que los recursos públicos deben llegar íntegramente a su propósito.