Las graderías y la cancha de cemento del coliseo municipal de Pueblo Rico, al occidente de Risaralda, se convirtieron, a la fuerza, en el único refugio para más de 300 integrantes de una comunidad indígena Gitó Dokabú. De hecho, ya se completó un mes desde que las inclementes lluvias de abril causaran estragos de gran magnitud en la zona rural, dejando incomunicadas a decenas de familias y destruyendo parcialmente sus viviendas y espacios comunitarios, lo que obligó a un éxodo masivo hacia el casco urbano de esta localidad.
A pesar de los esfuerzos iniciales y los auxilios de emergencia entregados por las administraciones locales, el panorama actual es desalentador y amenaza con convertirse en una crisis sanitaria y social de proporciones mayores.
Ante esta situación, el alcalde de Pueblo Rico, Martín Siágama, reconoció con profunda preocupación que, tras estas semanas de confinamiento en el escenario deportivo, la solución definitiva a las necesidades de esta población es cada vez más compleja, restando esperanzas de un pronto retorno o una estabilización digna para los damnificados.
¿Por qué se desplazaron?
La gravedad de la situación no es un asunto menor ni un problema que pueda solucionarse con subsidios temporales de alimentación. El mandatario local explicó que la emergencia obligó al traslado forzoso de un grupo tan numeroso de indígenas, debido al inminente peligro de que se presentara en el sitio un desastre natural peor al que venían registrando donde incluso quedaron sin vías terciarias.
El dirigente fue enfático al declarar que “están en alto riesgo, son 43 familias del resguardo Gitó Dokabú desplazadas por el deslizamiento de tierra en su vereda”; de hecho, las evaluaciones técnicas en el territorio afectado confirman que la furia de la naturaleza borró del mapa la infraestructura básica de la comunidad.
Pero ese deslizamiento no solo sepultó los hogares de estas familias ancestrales, sino que también “afectó las viviendas, las aulas educativas y las vías, por eso ellos no pueden volver a esa comunidad”. Ante este escenario de vulnerabilidad extrema, las autoridades locales determinaron que regresar de forma anticipada representaría una total irresponsabilidad, manifestando la alcaldía que “les pedimos que no fueran porque se arriesga la vida de toda la comunidad”.
¿Cuál es la salida a la crisis?
Aunque la solidaridad regional ha evitado una hambruna en el refugio temporal, la capacidad presupuestal del municipio de sexta categoría está completamente desbordada según el alcalde Siágama.
Adicionalmente, el coliseo no cuenta con la infraestructura hidrosanitaria ni habitacional para albergar de manera prolongada a centenares de personas, entre ellos niños, mujeres lactantes y adultos mayores, y aunque el mandatario agradeció el acompañamiento de la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo de Risaralda en el suministro de ayudas humanitarias, aclaró de forma contundente que “los recursos tampoco nos alcanzan para todo”.
Frente a este cuello de botella, la única salida real y sostenible en el tiempo es la compra de predios seguros y la reubicación inmediata de las 43 familias del resguardo Gitó Dokabú, pero esta competencia recae directamente sobre el Gobierno Nacional a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), una entidad que, según las denuncias del mandatario local, ha mostrado una preocupante indiferencia e inoperancia ante las solicitudes de audiencia urgente radicadas por el municipio en la capital de la República.
Ante el silencio administrativo, el alcalde Siágama anunció que radicalizará sus acciones de gestión e irá directamente a la capital del país a exigir soluciones, no solo para los pueblos originarios, sino también para las comunidades negras y mestizas que comparten el mismo grado de afectación por la ola invernal en la periferia risaraldense.
Otras emergencias por lluvias
Pero hay que recordar que este drama humanitario en Pueblo Rico no es un hecho aislado en el occidente de Risaralda. En el vecino municipio de Mistrató, las autoridades viales reportaron que los resguardos de Purembará y Chamí, en San Antonio del Chamí, también registran graves afectaciones por pérdida de la banca en las vías terciarias y taponamiento de caminos ancestrales, dejando a decenas de familias indígenas incomunicados y con serias dificultades para sacar sus productos agrícolas hacia los centros de consumo.
Asimismo, en el municipio de Belén de Umbría, las intensas precipitaciones reactivaron una falla geológica en el sector que conduce a las veredas de la zona norte, donde se reporta el agrietamiento de varias viviendas y una escuela rural.
Por lo pronto los indígenas confinados en el coliseo de Pueblo Rico, seguirán allí hasta que desde el Gobierno Nacional les brinden alguna solución definitiva.
Preguntas clave sobre el caso de los indígenas en Pueblo Rico
¿Cuántas personas indígenas se encuentran actualmente refugiadas en el coliseo de Pueblo Rico?
Cerca de 300 indígenas de la comunidad Gitó Dokabú esperan soluciones.
¿Cuáles fueron los daños específicos que sufrió el resguardo donde vivían?
Agrietamiento de viviendas y escuelas veredales, así como pérdida total de las vías que daban acceso.
¿Qué piden los indígenas asentados en el coliseo de Pueblo Rico?
Que les asignen tierras donde puedan vivir sin peligro de deslizamientos de tierra como donde estaba ubicado su resguardo.
¿Qué entidades les han entregado ayuda humanitaria temporal?
La Gobernación de Risaralda y la Alcaldía de Pueblo Rico.
¿Qué medidas drásticas anunció el alcalde?
El mandatario de Pueblo Rico dijo que, ante la falta de respuesta del Gobierno Nacional, viajará a la ciudad de Bogotá a buscar ayudas.
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