Los sindicatos que representan a los trabajadores del municipio de Dosquebradas anunciaron que iniciarán acciones jurídicas luego de que la administración municipal demandara los acuerdos laborales suscritos entre 2019 y 2024.
Además, denunciaron presuntos actos de perfilamiento y amedrentamiento contra funcionarios que participaron en las recientes jornadas de protesta, situación que, aseguran, vulnera el derecho a la manifestación pacífica.
Denuncian presuntas presiones a funcionarios
Blanca Ruby Arcila, presidenta del Sindicato de Educadores de Dosquebradas, afirmó que tras las movilizaciones algunos trabajadores comenzaron a recibir mensajes que, según indicó, buscaban intimidarlos por haber participado en el plantón. Agregó que estas acciones representarían una limitación al ejercicio de un derecho protegido por la Constitución.
"Se presentó un perfilamiento por parte de la administración contra algunos funcionarios, a varios compañeros les llegaron mensajes de amedrentamiento y de miedo, con los que se estaría coartando un derecho consagrado en la Constitución Política, porque el derecho a la manifestación pacífica lo tenemos todos los ciudadanos en Colombia."
También denuncian solicitud de listados
La dirigente sindical aseguró que, además de los presuntos actos de intimidación, se habrían solicitado listados para identificar a quienes asistieron a las jornadas de protesta.
Señaló que, tras una conversación con el secretario de Educación, esa situación se habría detenido en el caso de los docentes, aunque manifestó que continúa la preocupación por lo que estaría ocurriendo con otros funcionarios de la Alcaldía.
"Incluso a los docentes les estaban pidiendo listados. Esperamos que, después de una conversación con el secretario de Educación, eso haya parado, pero a los compañeros de la Alcaldía les siguen exigiendo un listado para saber quiénes participaron en el plantón."
Preparan defensa jurídica y acudirán a entidades nacionales
Frente a este panorama, las organizaciones sindicales informaron que ya comenzaron a estructurar su estrategia jurídica con el acompañamiento de un abogado especializado y que solicitarán el respaldo de diferentes entidades nacionales.
"Nos reunimos con un abogado administrativo y civil para preparar la defensa y adelantaremos las acciones correspondientes."
Así mismo, anunciaron que pedirán la intervención del Ministerio del Trabajo, la Defensoría del Pueblo y de congresistas de la República.
"Estamos solicitando el apoyo de senadores porque creemos que esta situación constituye una afrenta contra las organizaciones sindicales y contra los trabajadores, que somos quienes diariamente prestamos el servicio y representamos la imagen de la administración."
El origen del conflicto
De acuerdo con los líderes sindicales, la controversia se originó durante la negociación del pliego unificado de los trabajadores. Aseguran que el proceso estuvo marcado por constantes aplazamientos, falta de voluntad para avanzar en los acuerdos y presuntos hechos de hostigamiento contra una delegada del Ministerio del Trabajo que acompañaba la mesa de negociación.
Las organizaciones insistieron en que acudirán a las instancias judiciales y de control para defender la legalidad de los acuerdos laborales y garantizar el respeto por los derechos sindicales y la libertad de asociación.
Claves del tema en cuatro preguntas
¿Por qué los sindicatos anunciaron acciones legales?
Porque la administración municipal demandó los acuerdos laborales firmados entre 2019 y 2024, decisión que las organizaciones sindicales buscarán controvertir por la vía judicial.
¿Qué denuncian los trabajadores?
Aseguran que algunos funcionarios fueron objeto de presuntos actos de perfilamiento, intimidación y solicitudes de información para identificar a quienes participaron en las recientes protestas.
¿A cuáles entidades les solicitaron intervenir?
Los sindicatos acudirán al Ministerio del Trabajo, la Defensoría del Pueblo y a congresistas de la República para que acompañen el proceso y hagan seguimiento a las denuncias.
¿Cómo surgió el conflicto?
Según los líderes sindicales, el desacuerdo comenzó durante la negociación del pliego unificado de los trabajadores, proceso que, afirman, estuvo marcado por aplazamientos, falta de avances y presuntos actos de hostigamiento durante la mesa de negociación.
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