Escoltas adelantan una protesta pacífica en la ciudad de Riohacha, La Guajira, denunciando vulneración de derechos laborales, cancelación arbitraria de contratos y falta de debido proceso, presuntamente por parte de la empresa Vigil, socia de la Unión Temporal Máximo 2026.
Uno de los manifestantes, Osvaldo Rosado Movil, aseguró a LA FM que la terminación de su contrato se habría dado como una represalia tras denunciar irregularidades en el pago de recargos y horas extras.
“Para mí ha sido una retaliación de la empresa en mi contra, porque alcé la voz por el tema de los recargos laborales y las horas extras que no se me estaban cancelando. No nos dan claridad del por qué están cancelándonos el contrato o por qué no nos quieren contratar nuevamente, y llevamos más de tres años vinculado con la empresa y cerca de diez años en el programa de protección, sin antecedentes negativos en su desempeño laboral”, dijo Osvaldo.
A esta denuncia se suma la de Diego Navarrete Mejía, quien sostuvo que, pese a que la obra continuó, la empresa decidió terminar los contratos de varios trabajadores sin justificación.
“La compañía Vigil arbitrariamente nos canceló el contrato sabiendo que la obra labor continuó. No debieron habernos terminado el contrato porque el servicio seguía activo. Nunca se me hizo un debido proceso, nunca me llamaron a un proceso disciplinario ni se comunicaron conmigo”.
El escolta también denunció una situación de especial protección constitucional, al tener un hijo de nueve años en condición de discapacidad.
“Tengo un niño autista y la empresa tenía conocimiento de mi situación. Aun así vulneraron mis derechos laborales y cancelaron mi contrato”.
Exigencias sindicales y llamado al debido proceso
Por su parte, Jean Paul Alba, representante de la Asociación Nacional Sindical de Escoltas de Colombia (ANSET), explicó que la protesta se da en medio de la transición de un nuevo contrato, en el cual —según afirma— se mantuvieron las condiciones laborales, pero se dejó por fuera a varios trabajadores sin justa causa.
“La empresa tomó la determinación de terminarles el contrato al personal relevante, afectando su mínimo vital y dejando por fuera a compañeros del Magdalena, Cesar y La Guajira, muchos de ellos con más de diez años en el programa”.
El dirigente sindical aseguró que no existió ningún procedimiento disciplinario ni sustento jurídico para la decisión empresarial.
“No hay argumento legal ni jurídico que valide esta decisión. Si un protegido no recibe a un escolta, la empresa debe activar un protocolo y garantizar el debido proceso, cosa que nunca se hizo”.
Según ANSET, los diálogos con la empresa se han adelantado a través de la organización sindical, pero hasta el momento no hay respuestas concretas. Los manifestantes insisten en que solo levantarán la protesta cuando se garantice el reintegro laboral o se demuestre legalmente la decisión adoptada.
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