Cerca de 2.000 familias de las veredas Caño Indio, Mineiro, La Angalia, Puerto las Palmas y Nuevo Sol de la zona rural del municipio de Tibú, exigen al gobierno nacional la vinculación a programas de sustitución de cultivos de uso ilícito en la región del Catatumbo.
Esto con el objetivo de dejar esta práctica ilegal en esta zona del departamento, azotada por la violencia y la actividad delictiva de grupos armados como el ELN y las disidencias de las FARC y de cara a los anuncios del gobierno nacional de fumigar estos cultivos con glifosato.
La solicitud de estos núcleos familiares, muchos de ellos que hicieron parte del Plan Integral Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), pide al gobierno nacional y a la dirección del programa de sustitución ser vinculados y beneficiados del programa 'Renacer Catatumbo', estrategia implementada por el Estado en esta zona del departamento.
Alexander Molina Lizarazo, representante de las familias en esta zona del Catatumbo, aseguró en los micrófonos de la FM que estas familias, que están ubicadas en la zona de pretensión indígena, al parecer no serían incluidas en estos programas, teniendo en cuenta que no se podría garantizar la titulación de la tierra.
Esto teniendo en cuenta que, en esta área, las comunidades indígenas pretenden tener la defensa, ampliación y seguridad del territorio ancestral en la región del Catatumbo, amenazada por el conflicto armado, la explotación petrolera, el aumento de cultivos ilícitos y donde han exigido desde hace varios años la formalización de sus resguardos, la autonomía territorial y protección.
"Lo que nos dicen desde Renacer Catatumbo es que ninguna entidad nos puede garantizar el arraigo a la tierra en esta zona de pretensión Barí, pero el arraigo lo hemos tenido por años. Hoy en día es la traba que nos ponen a la gente de la región, que quiere hacer el cambio a la legalidad y no lo permiten", expresó el líder comunal.
Ante este panorama, las comunidades solicitan la instalación de una mesa de concertación para pactar que estas familias hagan parte de los programas de sustitución, ante la necesidad de salir de una vez por todas de la ilegalidad.
Además de aprovechar los beneficios que se han dado en la región, por los recursos de la conmoción interior decretada para el Catatumbo.
"Las familias que están pidiendo entrar al programa son las que más se han visto afectadas por la guerra, las que están viviendo esta pesadilla día a día, porque incluso no han podido salir de los territorios, y es absurdo que lleguen o destinen recursos y no nos tengan en cuenta".
Respecto al anuncio del gobierno nacional de adelantar la aspersión aérea con glifosato a los cultivos ilícitos, en el Catatumbo han afirmado que es fundamental que se socialice con las comunidades para buscar una salida al negocio ilícito de la hoja de coca.
"Una fumigación o erradicación forzada sería una solución. Sin embargo, no se ha socializado con las comunidades, quienes quieren salir de la ilegalidad y no se les permite. Llamamos la atención de la alta consejería para la paz y las direcciones del gobierno relacionadas en este programa para que den una solución a estas más de dos mil familias", agregó.
La región del Catatumbo es una de las áreas del mundo con mayor cantidad de hoja de coca sembrada y uno de los focos de inseguridad que ha generado en los últimos trece meses más de 100 mil desplazados, y cerca de 200 víctimas mortales registradas por las autoridades.
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