Se acabó la “guachafita” en el espacio público. La Alcaldía de Carlos Fernando Galán lanzó un decreto duro y directo para meter en cintura a quienes se creen dueños del andén. El mensaje es claro y sin rodeos: en Bogotá habrá orden, pero con cabeza fría. El que venda por necesidad tendrá respaldo; el que monte negocio ilegal, se va con camión y todo.
Desde el Distrito lo dicen sin rodeos: esto no es una persecución al rebusque, pero sí una ofensiva contra las mafias que se lucran del espacio público. Así lo explicó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, al presentar la medida.
“Este no es un decreto contra las personas vulnerables que ejercen la venta informal. Con ellos queremos organizar. Pero contra las mafias del espacio público sí vamos a actuar”, aseguró el funcionario.
Un decreto para “ponerle cintura” a la calle
El nuevo decreto busca responder a una queja repetida de la ciudadanía: andenes intransitables, puestos improvisados sin control y zonas comerciales tomadas por redes ilegales. Para eso, la administración Galán estructuró la norma sobre tres pilares clave.
El primero es organizar. Aquí entran los vendedores informales en condición de vulnerabilidad. La idea es identificarlos mediante censos, definir zonas permitidas y evitar que bloqueen el paso peatonal o se apropien de espacios comunes. El mensaje es simple: pueden trabajar, pero con reglas.
El segundo pilar es limpiar. No de vendedores, sino de mafias del subarriendo. Esas que cobran “vacuna”, arriendan pedazos de andén y montan redes que nada tienen que ver con la necesidad. Sobre ellos sí habrá mano firme. Decomisos, sanciones y retiro inmediato del espacio público.
El tercer pilar es seguridad. El Distrito quiere sacar de zonas comerciales prácticas como el microtráfico y la venta de mercancía robada, que muchas veces se camuflan detrás de un supuesto “puesto”. Según la administración, estos focos ilegales afectan la convivencia y ponen en riesgo a comerciantes y peatones.
No van por el del tinto, van por el negocio ilegal
Uno de los puntos más delicados del decreto es trazar la línea entre necesidad y abuso. Desde el Distrito insisten en que la norma no apunta al vendedor del día a día, sino a quienes manejan varios puestos y explotan a otros.
“Esto no es contra el vulnerable, es contra la mafia. Hace parte del esfuerzo por entregar orden y seguridad a la ciudad”, recalcó Quintero.
Ahí es donde aparece el anuncio que más ruido ha hecho: el camión. Quien no cumpla las reglas, quien ocupe el espacio público sin autorización o haga parte de economías ilegales, se expone al decomiso de su mercancía y al traslado inmediato.
El respaldo social: no solo control, también opciones
El decreto llega acompañado de una estrategia social liderada por el Instituto para la Economía Social (IPES). Según cifras oficiales, en Bogotá hay más de 19.000 vendedores informales caracterizados, y más de la mitad vive en condición de vulnerabilidad.
Para ellos, el Distrito tiene una ruta que incluye formación, acompañamiento psicosocial y alternativas económicas, como quioscos, puntos comerciales y plazas de mercado. La apuesta es clara: control con oferta, no solo con sanción.
Un mensaje que ya empezó a rodar
Con este decreto, la administración Galán manda un mensaje fuerte desde la calle hasta el Palacio Liévano: el espacio público es de todos y no es tierra de nadie. El que cumpla, sigue trabajando; el que se pase de vivo, responde.
Ahora el reto será aplicarlo sin romper el equilibrio. Porque en Bogotá, como saben los de a pie, la línea entre el rebusque y el desorden es delgada. Por lo pronto, la advertencia quedó clara: el andén no se hereda, se respeta.
Alerta Bogotá en Google News