La Guajira es uno de los departamentos con mayores brechas sociales del país, y que enfrenta históricamente dificultades para garantizar la financiación de servicios básicos, especialmente en zonas rurales y comunidades indígenas de la etnia wayúu.
En este contexto, el gobernador del departamento, Jairo Aguilar Deluque, cuestionó el Decreto de Emergencia Económica expedido por el Gobierno, al considerar que las recientes medidas fiscales debilitan aún más la capacidad financiera del territorio.
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El funcionario manifestó su desacuerdo con las disposiciones contenidas en el Decreto 1474 de 2025, mediante las cuales se modifican impuestos al consumo sobre licores, vinos, aperitivos, cigarrillos y tabaco, recursos que constituyen una de las principales fuentes de financiación para sectores como salud, educación, deporte y programas sociales en La Guajira.
Impacto fiscal para el departamento
De acuerdo con las autoridades locales, la centralización de estos recaudos y el incremento de tarifas de alcance nacional —como el aumento del IVA del 5 % al 19 % en bebidas alcohólicas de alto grado— reducirían los ingresos propios de la región, encarecerían los precios al consumidor y afectarían la dinámica comercial en municipios fronterizos como Maicao, donde el contrabando ya representa un problema estructural.
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El gobernador señaló que esas medidas podrían agravar la sostenibilidad financiera de una región que enfrenta altos índices de pobreza, limitaciones en el acceso a servicios públicos y una creciente demanda social.
El decreto podría exceder los límites del artículo 215 de la Constitución Política, al no cumplir los principios de necesidad, proporcionalidad y temporalidad que rigen los estados de excepción, e invadir competencias exclusivas de las entidades territoriales
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Ante esta situación, la gobernación de La Guajira solicitó a la Corte Constitucional un pronunciamiento prioritario sobre la constitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, así como de las medidas fiscales derivadas de la emergencia económica.
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