La huelga de trabajadores de la Electrificadora de Santander, iniciada el pasado viernes, encendió las alarmas a nivel nacional luego de que empresarios del sector de servicios públicos advirtieran sobre los riesgos que implicaría una eventual interrupción del suministro eléctrico en varias regiones del país.
La protesta laboral, liderada por el sindicato del sector energético, generó preocupación inmediata entre autoridades, gremios y usuarios ante la posibilidad de afectaciones en un servicio considerado esencial para la vida cotidiana y el funcionamiento institucional.
La alerta fue elevada por la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), que solicitó la intervención urgente del Gobierno Nacional para evitar consecuencias mayores. Desde la capital del país, el gremio insistió en que cualquier suspensión del servicio podría desencadenar impactos sociales, económicos y sanitarios de gran magnitud, especialmente en regiones donde la energía eléctrica resulta indispensable para garantizar servicios básicos.
Según la organización, la protesta anunciada por el sindicato Sintraelecol podría afectar a más de 958.000 usuarios distribuidos en 102 municipios de seis departamentos donde opera la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA).
La magnitud del servicio prestado por la compañía ha elevado el nivel de preocupación, debido a que una interrupción prolongada impactaría no solo a hogares, sino también a sectores estratégicos de la economía regional.
Andesco advirtió que las posibles afectaciones alcanzarían infraestructura crítica del país. Entre los sectores en riesgo se encuentran 517 establecimientos de salud, 260 sistemas de acueducto y 28 centros penitenciarios, además de redes de seguridad ciudadana, sistemas de semaforización, alumbrado público, aeropuertos y nodos de telecomunicaciones que dependen de un suministro eléctrico constante para operar con normalidad.
El gremio también señaló que existen poblaciones especialmente vulnerables que podrían verse gravemente afectadas ante cualquier interrupción energética. Entre ellas se encuentran 71 usuarios electrodependientes, hogares geriátricos y centros de atención infantil que requieren energía permanente para garantizar tratamientos médicos, conservación de medicamentos y condiciones adecuadas de cuidado, lo que convierte la continuidad del servicio en un asunto prioritario de salud pública.
El Consejo Gremial fue enfático al recordar que la Constitución Política establece restricciones frente a huelgas en servicios públicos esenciales como la energía eléctrica. En ese sentido, solicitó acciones inmediatas de vigilancia y control por parte de las autoridades nacionales para prevenir escenarios que comprometan derechos fundamentales de millones de ciudadanos.
Asimismo, Andesco recordó que, conforme a la Constitución y a la Ley 142 de 1994, el servicio de energía eléctrica tiene carácter esencial y no debería interrumpirse cuando exista riesgo para la vida, la salud o la seguridad de la población. Por ello, hizo un llamado directo a los ministerios de Minas y Energía, Trabajo y Salud para que adopten medidas urgentes que permitan garantizar la continuidad del suministro mientras avanzan las negociaciones laborales.
Frente al pliego presentado por los trabajadores, el gremio indicó que la empresa habría propuesto mejoras en beneficios laborales y un incremento salarial superior al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, aseguró que las exigencias sindicales tendrían un costo cercano a los 243 mil millones de pesos, cifra que, según empresarios del sector, podría comprometer la sostenibilidad financiera de la operación energética.
Mientras continúan los acercamientos entre las partes con acompañamiento del Ministerio del Trabajo, el debate jurídico y laboral permanece abierto en medio de la tensión nacional.
Autoridades y gremios coinciden en que el principal desafío será alcanzar acuerdos que respeten los derechos laborales sin poner en riesgo la prestación ininterrumpida de un servicio esencial del que dependen más de 900 mil usuarios en Santander y otras regiones del país.
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