Palermo - Huila

Huila: El Juncal completa 12 años denunciando malos olores industriales

Juncal, Huila

Habitantes de El Juncal, Papagayo y La Sardinata aseguran que las emisiones afectan descanso y salud.

Yamileth Díaz, La Fm Juncal, Huila

Tras 12 años de inconformidades reiteradas, cerca de 6.500 habitantes del centro poblado El Juncal y de sectores aledaños como Papagayo y La Sardinata, en jurisdicción del municipio de Palermo, vuelven a alzar su voz frente a los persistentes malos olores que atribuyen a la operación de la empresa Harinas Cárnicas del Huila.

La comunidad asegura que, pese a medidas adoptadas recientemente por la autoridad ambiental, las emisiones continúan afectando la calidad de vida, especialmente en horas de la noche, cuando las condiciones climáticas intensifican la percepción de los olores.

Los residentes insisten en que no se oponen a la actividad industrial ni a la generación de empleo en la zona, pero reclaman una mitigación efectiva de los olores derivados del procesamiento y la quema de desechos de pescado.

“En determinados momentos el ambiente se torna invivible, obligando a cerrar puertas y ventanas, e incluso los olores pueden percibirse al otro lado del río. La situación ha impactado la salud, el descanso nocturno y la dinámica cotidiana de miles de familias que llevan más de una década esperando soluciones definitivas”, indicó Jhon Ley Moreno, presidente de Asojuncal.

Y es que la autoridad ambiental impuso una restricción que ordena suspender actividades entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m., medida que, según la comunidad, no se estaría cumpliendo de manera estricta, ya que se continúan percibiendo emisiones en horario nocturno y que cuentan con registros audiovisuales que, a su juicio, evidenciarían operación después del límite establecido.

Por su parte, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) informó que desde 2025 mantiene la medida preventiva sobre la empresa y que realiza visitas de seguimiento, incluyendo al menos dos inspecciones nocturnas.

La entidad advirtió que, en caso de comprobarse un incumplimiento, se iniciaría un proceso sancionatorio en el marco de la Ley 1333 de 2009, que regula el procedimiento para imponer sanciones ambientales en Colombia.

Javier Ernesto Collazos, profesional universitario de la Subdirección de Calidad Ambiental, indicó que la empresa cuenta con un plan de reducción de impacto por olores ofensivos, actualmente en ejecución y sujeto a seguimiento conforme al cronograma aprobado.

“En 2025 se impuso específicamente la suspensión únicamente de la etapa de cocción entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m., identificada técnicamente como la fase de mayor generación de olores. La medida no cobija la totalidad de la operación industrial, sino únicamente ese proceso puntual, con el objetivo de evitar el fenómeno de inversión térmica nocturna, que dificulta la dispersión de emisiones y puede concentrar los olores en superficie”, explicó Javier Ernesto Collazos.

Collazos afirmó además que algunos de los videos difundidos mostrarían una caldera que no está incluida en la restricción y que podría operar incluso para la aplicación de catalizadores destinados a neutralizar olores. Esta aclaración técnica ha generado debate en la comunidad, que sostiene que más allá de la fase específica, el impacto se sigue sintiendo en el territorio.

“Nosotros como corporación y como autoridad ambiental venimos haciendo todo lo humanamente y técnicamente posible para poder desarrollar y poder ejercer control y vigilancia de la empresa. Claramente esto es una actividad que ve alto impacto, que puede generar algún impacto, pero hemos estado prestos a atender las denuncias, a hacer las visitas de control y vigilancia, a realizar las visitas nocturnas para verificar esto, verificar que todo el tema del cumplimiento de la medida, la corporación va a seguir en ese trabajo”, agregó Collazos.

Mientras avanzan las verificaciones, los habitantes de El Juncal reiteran que su lucha no es contra la industria, sino por condiciones ambientales dignas. Doce años después de las primeras quejas, el conflicto entre actividad productiva y calidad de vida sigue abierto, con 6.500 personas que esperan una solución definitiva que equilibre desarrollo económico y bienestar comunitario.