La Gobernación del Atlántico anunció una ofensiva frontal contra el juego ilegal, especialmente el chance clandestino, al advertir que esta práctica afecta directamente los recursos destinados a financiar la atención en salud de miles de habitantes del departamento.
La decisión se tomó durante la instalación del primer Comité Departamental contra el Juego Ilegal de 2026, un espacio de articulación institucional que reunió a autoridades de seguridad, justicia y entidades reguladoras para fortalecer las acciones contra estas actividades ilícitas.
En el encuentro participaron representantes de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el Departamento de Policía Atlántico, la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría del Interior departamental, la empresa Edusuerte y la Red de Servicios de Occidente, concesionaria del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar en el departamento.
Durante la sesión se definieron acciones para intensificar operativos, fortalecer procesos judiciales y atacar los principales focos de juego ilegal, identificados en Barranquilla, Baranoa, Malambo, Soledad y Sabanalarga.
El asesor del despacho del gobernador, Armando de la Hoz, explicó que el trabajo conjunto entre las entidades permitirá avanzar en resultados más contundentes contra este delito.
“Hoy instalamos el primer comité del año contra el juego ilegal con la participación de todas las fuerzas institucionales. Cada peso que se juega por fuera de la legalidad es un recurso que se le quita al sistema de salud y a la atención de miles de atlanticenses”, afirmó.
Recursos de la salud en riesgo
Las autoridades advirtieron que el chance ilegal genera un grave detrimento a las rentas departamentales, que se destinan a financiar la atención médica, especialmente de la población más vulnerable.
El gerente de Edusuerte, Carlos Martínez, explicó que estos recursos son fundamentales para el sostenimiento del sistema de salud.
“En el Atlántico cerca de 1,6 millones de personas pertenecen al régimen subsidiado. En 2025 recibimos cerca de 15.000 millones de pesos provenientes del sector de juegos de suerte y azar para apoyar la atención de esta población. El juego ilegal reduce estos recursos y afecta directamente la financiación del sistema”, indicó.
Más de 3.000 procesos en riesgo de prescribir
Durante el comité también se alertó sobre la existencia de más de 3.000 procesos judiciales relacionados con este delito, muchos de los cuales podrían prescribir si no avanzan con mayor rapidez.
Por ello, las autoridades solicitarán formalmente a la Fiscalía fortalecer el equipo encargado de estos casos para evitar que queden en la impunidad.
Delito que financia otras actividades criminales
Las autoridades coincidieron en que el juego ilegal no solo afecta las finanzas públicas, sino que también alimenta otras economías criminales.
El representante legal de la Red de Servicios de Occidente, Jhony Ángel Mena Herrera, explicó que en el departamento se han identificado diversas modalidades ilegales.
“Estamos enfrentando modalidades como el chance ilegal, apuestas deportivas clandestinas, casinos ilegales y plataformas digitales que operan por WhatsApp. Este fenómeno se ha convertido en un mecanismo para financiar otras actividades delictivas como la extorsión, el microtráfico y la compra ilegal de armas”, señaló.
Acciones acordadas
Como resultado del comité, las entidades acordaron:
- Intensificar operativos y allanamientos contra redes de juego ilegal.
- Fortalecer la articulación con la Fiscalía para evitar la prescripción de procesos.
- Realizar acciones focalizadas en municipios con mayor incidencia.
- Vincular a alcaldes y autoridades locales en la estrategia territorial.
- Desarrollar estudios técnicos sobre el impacto económico del juego ilegal.
La Gobernación del Atlántico reiteró que continuará liderando esta estrategia institucional para proteger las rentas públicas y garantizar que los recursos lleguen al sistema de salud, beneficiando a miles de atlanticenses.
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