Hospitales

En Atlántico solicitan permiso para liquidar cuatro hospitales y crear nueva ESE

Imagen de referencia de UCI

El nuevo modelo iniciaría operación en el mes de noviembre.

Hospital Universitario de Santander

El Hospital municipal de Sabanalarga, el Divino Niño, el Cari de alta complejidad y el Hospital de Sabanalarga serán liquidados para una reorganización que implicará la continuidad del manejo bajo un único ente de carácter público. Esto a partir de una solicitud que fue presentada a la asamblea departamental, por parte de la gobernación.

Según la secretaria de Salud, Alma Solano, permitirá generar mayor confianza a las empresas promotoras de salud y establecerá un sistema de economía de escala con un gerente, que garantizará que las ganancias que deje la operación sean para reinversión; enfocando los esfuerzos en la gestión para el recaudo de cartera.

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“No podíamos seguir utilizando pañitos de agua tibia que aplazaban y alargaban la difícil situación del hospital. Partimos de cero con esta decisión, con servicios nuevos, novedosos y con una red conectada para que todos encuentren lo que necesitan sin tener que asistir a la red privada”, indicó la funcionaria.

El acuerdo hasta el momento cuenta con el beneplácito de los sindicatos y está el convenio para que el personal no sea despedido, sino recontratado por la nueva entidad. Es así como el personal de planta continuaría su carrera administrativa y serán abiertas nuevas plazas para que quienes están por prestación de servicio pueda acceder más fácilmente.

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El gran resto está puesto en pagar los pasivos laborales pendientes con personal administrativo y médico que lleva más de tres años esperando liquidaciones por sus servicios. Además, no habrá más tercerización en la contratación.

“Llevamos más de tres meses reunidos con los sindicatos y acordamos que lo primero que vamos a hacer es pagar todos los pasivos laborales. La idea es que en este mes de octubre se pague todo. Vamos a contratar al personal con las mismas condiciones que tenían antes. No vamos a seguir utilizando esas figuras de tercerización laboral como cooperativas que lo que han hecho es un perjuicio”, expuso Solano.

Esto implica un gasto por $49.000 millones, financiado con recursos del departamento y beneficiará a 700.000 usuarios del régimen subsidiado.