El Ministro de defensa Iván Velásquez participará en el municipio de Ocaña en Norte de Santander, el próximo jueves 30 de noviembre de la jornada del Acto de Perdón Público a víctimas de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en el Catatumbo.
Así mismo, dijo el ministro de defensa que se le dará la cara a los familiares de las víctimas de los falsos positivo que realizó el ejército durante el periodo presidencial del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
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Los ex comandante de la brigada móvil 15 el coronel Santiago Herrera y del batallón Santander Álvaro Diego Tamayo han reconocido su participación en el asesinato de los jóvenes de Soacha quienes fueron trasladados a Ocaña con mentiras, posteriormente asesinados y vinculados como integrantes de grupos armados de la zona del Catatumbo.
El evento se realizará en el Coliseo Argelino Durán Quintero, iniciará a las 8:30 am en donde estarán los familiares de las personas asesinadas.
Según la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, en enero y agosto de 2008, los jóvenes Julio César Mesa Vargas, Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, Diego Alberto Tamayo Garcerá, Víctor Fernando Gómez Romero y Jader Andrés Palacio Bustamante fueron trasladados por tierra desde Soacha (Cundinamarca) hasta Ocaña, donde fueron ejecutados extrajudicialmente por estos militares.
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De igual forma, nueve de los uniformados fueron aceptados por hechos ocurridos en febrero de 2008, en el corregimiento de Otaré, Ocaña, en cuya zona fueron asesinados Daniel Alexander Martínez, Diego Armando Marín Giraldo y el menor de edad Jaime Estiven Valencia Sanabria.
Entre los miembros de la fuerza pública incluidos en esta decisión se encuentran los mayores (r) Carlos Gilberto Rodríguez Mora y Henry Mauricio Blanco Barbosa; los cabos segundos (r) Richard Amando Jojoa Bastidas y Ricardo Coronado Martínez; el cabo primero Manuel Ángel Zorrilla Agamez; y varios soldados profesionales.
Estos casos se suman al patrón macro-criminal que ya había sido abordado en el subcaso Norte de Santander, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
Sin embargo, el proceso para resolver la situación jurídica de estos militares retirados continúa en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, dado que no han sido seleccionados por la Sala de Reconocimiento como máximos responsables en los hechos que abordó dicho subcaso.
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