Polémica en el municipio de Salazar de las Palmas luego de que el alcalde Juan Carlos Baibor, enviara una carta al Concejo Municipal solicitando explicaciones tras el archivo del proyecto de acuerdo 002-2026, mediante el cual la administración buscaba la aprobación de un empréstito por 5.000 millones de pesos.
La controversia surge después de que los concejales del municipio votaran de manera negativa la iniciativa presentada por la alcaldía municipal. Tras esta decisión, el mandatario local remitió una comunicación oficial a los integrantes de la corporación pública, en la que solicitó que se le informaran los criterios y fundamentos que llevaron a negar la ejecución del proyecto.
El concejal Alfonso Graterón explicó a La FM que, a su juicio, la propuesta presentada por la administración municipal afectaba de manera significativa las finanzas del municipio. “La verdad, este proyecto perjudicaba mucho las finanzas de nuestro municipio. Gracias a Dios, y debido a la manifestación y a toda la presión que venían haciendo las comunidades, logramos que se archivara el proyecto”, afirmó el concejal.
Según lo expuesto, cuatro concejales habrían votado en contra del proyecto, uno a favor y otros cuatro a favor, situación que derivó en el archivo de la iniciativa. Por ello, Graterón, aclaró que el Concejo Municipal no se opone a la ejecución de obras para el desarrollo del municipio, sino a la forma en que estas pretendían ser financiadas mediante endeudamiento.
Actualmente, Salazar de las Palmas mantiene una deuda activa de 1.000 millones de pesos, correspondiente a un empréstito adquirido en el año 2025. De haberse aprobado el nuevo crédito, el endeudamiento total del municipio habría ascendido a 6.000 millones de pesos, generando intereses anuales superiores a los 320 millones de pesos, de acuerdo con lo señalado por el concejal Graterón.
Al referirse a la carta enviada por el alcalde, el concejal calificó la situación como delicada. “En lo que nosotros no hemos podido asesorar al alcalde, él se está extralimitando en sus funciones. Envió un oficio a la corporación en el que pide que los honorables concejales que votaron negativamente el proyecto expliquen por qué y con base en qué tomaron esa decisión”, señaló.
En ese sentido, Graterón sostuvo que existe una confusión de competencias. “Esto es algo muy complejo, porque él argumenta que su función es hacer control político, pero el control político no lo ejerce el alcalde; el control político lo ejerce el Concejo Municipal a la administración municipal”, recalcó.
Frente a esta situación, el concejal advirtió que podrían derivarse consecuencias legales para el mandatario local. “Con los demás honorables concejales responsables estamos analizando la posibilidad de remitir esta situación a la Procuraduría General de la Nación”, manifestó.
En Colombia, la Procuraduría General de la Nación tiene la facultad de investigar y sancionar a los alcaldes por presuntas infracciones al artículo 6 de la Constitución Política, el cual hace referencia a la extralimitación de funciones por parte de los servidores públicos.
La solicitud emitida por el alcalde Juan Carlos Baibor podría interpretarse como una afectación a la independencia del Concejo Municipal, corporación que goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestal. Aunque dicha autonomía no es absoluta, cualquier decisión o control sobre su actuación corresponde únicamente a la ley, la Constitución, el Congreso de la República, la Rama Judicial, los organismos de control y la ciudadanía.
Finalmente, el concejal Graterón señaló que, si el mandatario desea conocer los argumentos y decisiones adoptadas durante la votación, puede solicitar el acta oficial de la sesión correspondiente, en la cual quedan registradas las intervenciones y determinaciones tomadas por los concejales durante el debate.
Escrito por: Darwin Correa.
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