La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ampliar y precisar la información entregada sobre las alternativas planteadas para recuperar económicamente a la empresa de energía Air-e S.A.S. E.S.P., intervenida por el Gobierno nacional.
El requerimiento se produjo luego de que la Superservicios respondiera a un primer oficio enviado por el organismo de control. No obstante, tras revisar el informe remitido, la Procuraduría advirtió que varias de las respuestas resultaron poco claras e insuficientes frente a los aspectos solicitados.
De acuerdo con el Ministerio Público, en el documento no se detallaron las propuestas orientadas a evitar una eventual liquidación de la empresa ni se expusieron con claridad los mecanismos financieros o administrativos que permitirían estabilizar su operación en el corto y mediano plazo.
La Procuraduría también señaló que la Superservicios no explicó con precisión las razones que han motivado los cambios de agentes especiales desde el inicio del proceso de intervención, situación que, según el ente de control, podría afectar la continuidad de las decisiones y la ejecución de estrategias para superar la crisis.
La intervención de la compañía
La empresa Air-e fue intervenida por la Superintendencia el 12 de septiembre de 2024, luego de enfrentar dificultades financieras y operativas que comprometían la prestación del servicio en la región Caribe. La compañía es responsable de la distribución y comercialización de energía para más de 1,3 millones de usuarios en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
El proceso de intervención se adoptó con el objetivo de recuperar la empresa, garantizar la continuidad del servicio y corregir problemas financieros que incluían deudas millonarias con generadoras de energía y otras obligaciones del mercado eléctrico.
A pesar de la intervención estatal, la situación de la compañía continúa generando preocupación en el sector energético, ya que, desde el inicio del proceso se han registrado varios cambios en la dirección de la empresa intervenida, con la designación de distintos agentes interventores en menos de un año.
La Procuraduría advirtió además que el informe remitido por la Superservicios no precisa las medidas adoptadas para garantizar la continuidad administrativa, la coherencia en la toma de decisiones y la trazabilidad del proceso durante las transiciones en la interventoría.
Por esta razón, dentro de las acciones preventivas, las Procuradurías Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública y para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios solicitaron nuevamente a la Superservicios informar si actualmente existe un plan estructurado de solución para Air-e y, en caso afirmativo, remitir la documentación que sustente dicha propuesta.
El ente de control también busca establecer cuáles son las alternativas que se contemplan para garantizar la sostenibilidad financiera de la empresa, entre ellas eventuales esquemas de reorganización, capitalización o cambios en el modelo de operación del servicio en la región Caribe.
La Procuraduría General de la Nación resaltó que el seguimiento a este proceso reviste especial importancia, dado que el sector energético es estratégico para el desarrollo del país y para garantizar la prestación continua y eficiente de un servicio público esencial para millones de ciudadanos en la región Caribe.
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