La posible suspensión de los recursos que entrega el Gobierno Nacional para financiar la alimentación de las personas privadas de la libertad condenadas encendió las alertas en la Asamblea de Risaralda.
La preocupación surgió durante un debate de control político, luego de que el secretario de Gobierno, Israel Londoño, advirtiera que ese gasto podría ser asumido por el departamento, lo que representaría una nueva presión sobre las finanzas regionales, especialmente con la próxima entrada en funcionamiento de la cárcel regional El Pílamo, en Pereira.
Proponen anticiparse al impacto financiero
Durante la sesión, la diputada Jacqueline Fernández manifestó su preocupación por el costo que implicaría esta nueva responsabilidad para el departamento y señaló que la administración no puede esperar a que el problema se materialice para empezar a buscar soluciones.
"Si la Nación deja de enviar recursos para la alimentación de las personas privadas de la libertad, significa que ese gasto tendría que asumirlo el departamento de Risaralda. Eso es lo que nos preocupa".
La diputada agregó que, aunque la cárcel El Pílamo aún no ha sido entregada oficialmente, es necesario planear con anticipación.
"No podemos esperar a que entre en funcionamiento el nuevo centro penitenciario y aumente la población privada de la libertad para preguntarnos cómo vamos a financiar su alimentación".
Plantean un modelo de autosostenibilidad
Como alternativa, Fernández propuso al secretario de Gobierno y al gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, avanzar en una estrategia que permita a las personas privadas de la libertad desarrollar actividades productivas para contribuir a su propio sostenimiento.
"Le propusimos al secretario de Gobierno y al gobernador pensar en una estrategia productiva para que tanto las personas sindicadas como quienes ya cumplen una condena puedan generar recursos y tener una adecuada calidad de vida".
Según explicó, la iniciativa busca reducir el impacto económico que tendría la operación del nuevo establecimiento penitenciario sobre las finanzas departamentales.
No plantean nuevos impuestos
La diputada aclaró que la propuesta no contempla la creación de nuevos tributos para los ciudadanos, sino evitar que los recursos propios del departamento deban destinarse en mayor proporción al sostenimiento de la población privada de la libertad.
"Lo que nos preocupa es que esto termine siendo una carga para los risaraldenses. No estamos hablando de crear nuevos impuestos, pero los recursos propios salen, por ejemplo, del impuesto vehicular".
Además, recordó que muchos propietarios de vehículos matriculan sus automotores en otros departamentos, lo que reduce los ingresos que recibe Risaralda.
"Hay muchos vehículos que circulan en Risaralda y pagan el impuesto en otros departamentos. Eso también afecta las finanzas del departamento".
Piden planear antes de la apertura de El Pílamo
Fernández aseguró que Risaralda ya enfrenta limitaciones presupuestales, al recordar que recientemente la Gobernación tuvo que acudir a un empréstito para financiar obras de infraestructura.
Por ello insistió en que es necesario diseñar desde ahora un modelo financiero que permita atender el funcionamiento de la cárcel El Pílamo sin comprometer aún más los recursos públicos del departamento.
Claves del tema en cuatro preguntas
¿Qué generó la preocupación en la Asamblea de Risaralda?
La posibilidad de que el Gobierno Nacional deje de financiar la alimentación de las personas privadas de la libertad condenadas y ese gasto deba ser asumido por el departamento.
¿Qué propuso la diputada Jacqueline Fernández?
Implementar un modelo de autosostenibilidad mediante actividades productivas desarrolladas por las personas privadas de la libertad para ayudar a financiar su sostenimiento.
¿Se contempla crear nuevos impuestos para cubrir ese gasto?
No. La diputada aseguró que la propuesta no busca establecer nuevos tributos, sino evitar que los recursos propios del departamento se vean aún más comprometidos.
¿Por qué el tema cobra mayor importancia ahora?
Porque la próxima entrada en operación de la cárcel regional El Pílamo aumentará la capacidad para albergar personas privadas de la libertad, lo que podría incrementar significativamente los costos de funcionamiento para Risaralda.
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