El terremoto no solo dejó daños en edificaciones del centro de Pereira. También golpeó a cientos de trabajadores informales que dependían del rebusque diario para sobrevivir y que ahora, además de perder sus ingresos, habrían quedado sin un lugar donde dormir.
La alerta fue lanzada por William Gaviria Ocampo, veedor ciudadano del centro de la ciudad, quien advierte que más de 400 vendedores ambulantes que trabajaban en los alrededores del parque de La Libertad, de la capital risaraldense, estarían enfrentando una situación crítica.
Según la denuncia, muchos de estos trabajadores ocupaban habitaciones por días en hoteles, residencias e inquilinatos del centro, algunos de los cuales colapsaron durante la emergencia y al perder tanto su actividad económica como el alojamiento que podían pagar con lo que ganaban diariamente, quedaron expuestos a condiciones de mayor vulnerabilidad.
La preocupación es que parte de esta población podría estar engrosando las filas de habitantes de calle, mientras enfrenta dificultades para acceder a los mecanismos de atención destinados a las personas afectadas por el terremoto.
¿Qué podría pasar con estos vendedores informales?
Uno de los principales problemas señalados por Gaviria Ocampo es que estos trabajadores no necesariamente cuentan con documentos que permitan demostrar que perdieron una vivienda propia o un inmueble arrendado formalmente ya que muchos no tenían casa, local comercial ni contrato de arrendamiento, porque su forma de vida dependía de ocupar espacios públicos para vender productos y conseguir el dinero de cada jornada.
El veedor advirtió que esa condición podría convertirse en una barrera para acceder a la asistencia institucional. En sus palabras, algunos vendedores parecen quedar excluidos porque “no tienen ni contrato de arrendamiento, ni escritura”, a pesar de que perdieron el lugar donde dormían y su principal fuente de ingresos.
La situación evidencia una dificultad que va más allá de los daños materiales y es ¿cómo acreditar la condición de damnificado cuando una persona no tenía una vivienda formal, pero sí dependía de una habitación pagada diariamente para pasar la noche?
Gaviria Ocampo explicó que muchos de estos trabajadores permanecían en alojamientos modestos del centro de Pereira. Aunque no eran propietarios ni tenían contratos formales, esos espacios cumplían una función esencial para su vida cotidiana.
Por eso, el llamado consiste en que la atención de la emergencia tenga en cuenta las distintas formas de vulnerabilidad y no se limite únicamente a quienes pueden demostrar la pérdida de una casa propia o de un inmueble arrendado mediante documentos.
Del rebusque diario a la posibilidad de terminar en la calle
Para los vendedores ambulantes de la zona del parque La Libertad en Pereira, perder el lugar de trabajo significa quedarse sin el dinero con el que compraban alimentos, pagaban una habitación y cubrían sus necesidades básicas. Si a esa pérdida se suma el colapso del alojamiento que ocupaban, la emergencia se convierte en una amenaza directa para su subsistencia.
El veedor ciudadano advirtió que algunas de estas personas estarían pasando a engrosar la población habitante de calle; de hecho, al referirse a las consecuencias de la emergencia, señaló que quienes antes dependían de los alojamientos del centro ahora “quedaron en la calle”, sin que necesariamente exista una respuesta institucional que atienda todas sus necesidades.
La alerta no significa que exista un balance oficial que confirme cuántas personas han terminado viviendo en las calles después del terremoto. Sin embargo, sí plantea la necesidad de verificar la situación de esta población, identificar sus necesidades inmediatas y establecer mecanismos para que puedan recibir atención.
Gaviria Ocampo considera que, si no se actúa a tiempo, el problema podría adquirir dimensiones mayores. En su advertencia, se refirió a la posibilidad de que estas personas continúen “engrosando el número de habitantes de calle”, una situación que, según dijo, requiere atención para evitar consecuencias sociales más graves.
Una emergencia que exige respuestas sociales
La situación de los vendedores informales plantea un desafío adicional para la recuperación del centro de Pereira. Mientras se atienden los daños en edificaciones y se avanza en la recuperación de las actividades económicas, también resulta necesario identificar a las personas que perdieron su sustento y sus alojamientos, especialmente aquellas que no aparecen fácilmente en los registros tradicionales de propietarios y arrendatarios.
En este contexto, la denuncia apunta a la importancia de revisar los mecanismos de identificación de damnificados y las condiciones de acceso a la ayuda. Una persona puede no tener una propiedad a su nombre ni un contrato de arrendamiento, pero eso no significa que no haya sufrido las consecuencias de la emergencia.
El llamado también pone sobre la mesa la necesidad de coordinar la atención social, la orientación para acceder a las ayudas y las alternativas para recuperar los ingresos de quienes vivían del comercio informal. La situación de cada persona debe ser verificada por las entidades competentes, sin asumir que todos los vendedores atraviesan las mismas circunstancias.
Para Gaviria Ocampo, ignorar esta realidad puede agravar el impacto del terremoto sobre quienes ya enfrentaban condiciones económicas precarias. El veedor resumió su preocupación al advertir que, sin atención, esta población “va a generar un problema social muy grueso en el país”.
La prioridad, por ahora, es que la alerta permita identificar a las personas afectadas y establecer qué alternativas de atención existen para quienes perdieron simultáneamente el techo y el sustento, pues detrás de los edificios afectados, hay trabajadores que dependían del ingreso de cada día y que hoy podrían necesitar una respuesta distinta a la que reciben los propietarios de viviendas ya que la reconstrucción de Pereira no solo implica recuperar estructuras físicas, sino también reconocer las consecuencias humanas de la tragedia y evitar que las personas más vulnerables queden invisibles en los procesos de registro y atención.
Alerta Bogotá en Google News