Una protesta pacífica mantienen las autoridades tradicionales wayúu en la alcaldía de Uribia, para denunciar una situación que estaría poniendo en riesgo la continuidad de la canasta educativa para niños, niñas y adolescentes. Afirman que fallas técnicas en la plataforma SECOP II han impedido avanzar en los procesos contractuales correspondientes a la vigencia 2026.
La Asamblea Permanente de Autoridades Tradicionales, con el respaldo de autoridades ancestrales, operadores educativos y comunidad educativa, advierten sobre una posible afectación a un derecho fundamental en uno de los territorios más vulnerables del país. Además, exigen respuestas inmediatas por parte del gobierno local y del Ministerio de Educación Nacional.
Procesos contractuales sin avance
De acuerdo con la información expuesta por las autoridades indígenas, la Entidad Territorial de Uribia habría informado que los inconvenientes técnicos en la plataforma SECOP II impidieron dar continuidad a los procesos contractuales necesarios para la administración de las canastas educativas.
Las comunidades afirman que este tipo de fallas no pueden convertirse en una justificación administrativa para suspender o retrasar el derecho a la educación, especialmente en un territorio cobijado por medidas constitucionales excepcionales.
La FM habló con Emmanuel Rangel, representante de los Derechos Humanos en La Guajira quien indicó su respaldo a la comunidad educativa y al pueblo wayúu y aseguró que “aquí la que se está viendo afectada es la educación, la estabilidad, incluso, emocional y nutritiva de niños y niñas que se ven beneficiadas por las UT en el municipio de Uribia”.
“Hago un llamado al señor alcalde a que con prontitud se pueda resolver este problema lo más pronto posible. Siempre se ha visto al pueblo wayúu en rezago, pisoteado, se debe seguir reivindicando el pueblo wayúu por ser nuestra esencial principal en La Guajira”, señaló.
Llamado a cumplir órdenes de la Corte Constitucional
En el pronunciamiento, las autoridades wayuu recordaron que la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional declaró un Estado de Cosas Inconstitucional frente a la situación de la niñez wayuu, ordenando al Estado adoptar medidas inmediatas, excepcionales y eficaces para garantizar derechos fundamentales como la educación.
Afirman que ningún trámite técnico o administrativo puede prevalecer sobre la protección constitucional reforzada que rige para este territorio.
La FM intentó comunicarse con el alcalde de Uribia, Jaime Buitrago, para tener más precisión sobre la situación que actualmente enfrentan las autoridades indígenas wayúu, sin embargo, no hubo respuesta.
Alerta Bogotá en Google News