La muerte de Judith Arango en una clínica de Barranquilla generó cuestionamientos por parte de sus familiares, quienes aseguraron que existieron demoras administrativas en el trámite para su traslado a un centro médico de mayor complejidad. La paciente, quien ingresó inicialmente con un cuadro de dolor abdominal debido a cálculos en la vesícula, requería una intervención quirúrgica especializada que no podía ser realizada en la institución donde se encontraba hospitalizada.
De acuerdo con el testimonio de Jenny Arango, hermana de la fallecida, la paciente estuvo cerca de 15 días esperando que la Nueva EPS autorizara la remisión a una clínica de cuarto nivel o de alta complejidad. Los allegados explicaron que, a pesar de haber radicado solicitudes formales y un derecho de petición para agilizar el traslado, las respuestas de la entidad promotora de salud no se emitieron de manera oportuna durante el tiempo de hospitalización.
La atención a la paciente fue limitada
La familia destacó que el personal médico y administrativo de la Clínica Murillo brindó los cuidados necesarios según la capacidad instalada del establecimiento y mantuvo una comunicación clara sobre el diagnóstico. Sin embargo, explicaron que los profesionales de dicha institución se encontraron limitados para proceder con la cirugía debido a que dependían directamente de la asignación de un cupo por parte de la aseguradora.
Durante las semanas de hospitalización, el estado de salud de la paciente experimentó un deterioro progresivo, evolucionando desde un estado consciente y estable hasta requerir atención en la unidad de cuidados intensivos debido a complicaciones internas en el páncreas. Los familiares indicaron que la falta de la intervención oportuna derivó en una falla sistémica que finalmente le causó un paro cardíaco y el posterior deceso.
Familiares interpondrán una demanda
Ante el desenlace, los allegados de Judith Arango anunciaron que contemplan iniciar acciones legales y presentar una demanda formal en contra de la Nueva EPS por presunta negligencia administrativa en la gestión de las órdenes de remisión. La comunidad y los afectados hicieron un llamado a los organismos de control del sector salud para que revisen los tiempos de respuesta en las solicitudes de traslados de alta complejidad en la región.
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