En los últimos meses, los grupos armados en varios municipios de la zona del Catatumbo han ejecutado diversas acciones violentas como extorsión, secuestro, hurto y atentados, afectando el desarrollo económico de la región. Es la radiografía que realiza a Norte de Santander la ANDI.
“Lo que está ocurriendo en Norte de Santander es profundamente preocupante. La suspensión de operaciones de Ecopetrol en el Catatumbo, el cierre del gas domiciliario en Tibú, las dificultades del GLP en municipios del oriente, las afectaciones a CENS y ahora el cierre del bloque Carbonera en Sardinata evidencian un deterioro grave de la seguridad”, dijo Francisco Unda, representante de la ANDI en Norte de Santander.
Así mismo, dijo Unda a La FM que se viene perdiendo cerca del 40% del suministro regional de gas, lo que golpea directamente la competitividad industrial, encarece costos y pone en riesgo miles de empleos formales. “Sin seguridad territorial y energética no hay inversión, no hay empleo y no hay desarrollo. Norte de Santander no puede normalizar esta situación”.
“En las últimas semanas se han registrado hechos de especial gravedad que evidencian una situación que trasciende lo coyuntural y comienza a comprometer la permanencia de operaciones empresariales estratégicas”, dijo el presidente de la ANDI en Norte de Santander.
Entre ellos se encuentra la suspensión de algunas operaciones de Ecopetrol en el Catatumbo por razones de orden público; el cierre de la operación de la empresa de gas domiciliario en el municipio de Tibú debido a amenazas de grupos armados; las dificultades que enfrentan las empresas comercializadoras de GLP para entregar gas en municipios del oriente del departamento; y las pérdidas extendidas de energía por conexiones ilegales y afectaciones a la infraestructura que impactan la operación de CENS EPM en el Catatumbo.
Estos hechos no solo afectan la prestación de servicios esenciales y la operación industrial, sino que generan un entorno de incertidumbre que impacta decisiones de inversión, contratación y expansión empresarial. Cuando las condiciones mínimas de seguridad no están garantizadas, las empresas se ven obligadas a reducir operaciones, suspender actividades o evaluar su permanencia en el territorio.
“A estos hechos se suma, como último y especialmente preocupante evento, el cierre de la operación del bloque Carbonera, Cerro Gordo 1, 2 y 5 en Sardinata, debido al escalamiento de hechos violentos en la región del Catatumbo y en los corredores viales de la operación, incluyendo bloqueos, restricciones a la movilidad y riesgos para el personal operativo. Esta decisión evidencia el nivel de afectación que la situación de seguridad está generando sobre el sector energético y sobre la estabilidad empresarial en el departamento”, dijo Francisco Unda a La FM.
El cierre de operaciones no impacta únicamente a las empresas directamente involucradas. Se ponen en riesgo las distintas compañías que hacen parte de su cadena de valor, tanto industriales como comerciales, así como los proveedores, transportadores, contratistas y los puestos de trabajo formales que dependen de estas organizaciones. El efecto es sistémico y golpea el tejido productivo regional.
“Hacemos un llamado firme y urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes para que adopten medidas efectivas que garanticen el control del territorio, la protección de la infraestructura estratégica y las condiciones necesarias para que las empresas puedan desarrollar sus operaciones de manera segura y continua”, puntualizó a La FM Francisco Unda, representante de la ANDI.
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