La concesión de Autopistas del Café, que finaliza en febrero de 2027, volvió a estar en el centro del debate en el Quindío, porque durante una sesión de la Asamblea Departamental, diputados y el alcalde de Circasia coincidieron en que la decisión que tome el próximo Gobierno Nacional será determinante para definir si la vía continúa en manos de un concesionario o regresa al Instituto Nacional de Vías (Invías).
También insistieron en que ese cambio debe ir acompañado de una revisión al peaje de Circasia y de mayores inversiones para el departamento.
Piden que el próximo contrato deje más beneficios para el Quindío
Aunque la discusión había sido convocada para conocer la posición de Autopistas del Café, la concesionaria no asistió al debate. El presidente de la Asamblea del Quindío, César Londoño, lamentó que la empresa confirmara su ausencia apenas dos días antes de la sesión, situación que obligó a aplazar el encuentro para una nueva fecha, en la que esperan contar también con representantes del Gobierno Nacional.
"Si va a haber una nueva concesión, tiene que tener parámetros muy claros. No puede limitarse al mantenimiento de la vía principal; el Quindío necesita obras que realmente beneficien a los municipios", afirmó Londoño.
El diputado sostuvo que el departamento espera que una eventual negociación incluya obras en los accesos a los municipios, vías rurales y otros proyectos que, según aseguró, siguen pendientes pese a los años que lleva funcionando la concesión. Además, reiteró que el cobro del peaje de Circasia continúa siendo una de las principales inconformidades de las comunidades y deberá hacer parte de la discusión sobre el futuro del corredor vial.
Circasia insiste en entrar a la tarifa diferencial
El alcalde de Circasia, Julián Andrés Peña, reiteró que el municipio no renuncia a su intención de acceder a la tarifa diferencial del peaje.
Explicó que, aunque la administración acompañó una acción de nulidad contra el acto administrativo que dejó por fuera al municipio, considera que la decisión más importante llegará cuando el Gobierno defina qué pasará con la vía una vez finalice el contrato vigente.
Actualmente, la tarifa diferencial permite que vehículos inscritos de Filandia y Salento paguen un valor preferencial en el peaje de Circasia, beneficio del que quedó excluido ese municipio, pese a su cercanía con la estación de cobro.
"Si el peaje va a continuar, también tienen que llegar obras para Circasia. Esa debe ser la razón de ser de una nueva concesión", manifestó el mandatario.
Peña explicó que la propuesta del municipio no se limita a solicitar una reducción general en el costo del peaje, sino que también busca garantizar inversiones en el corredor Circasia-Pereira, con proyectos como ciclorrutas, alumbrado público, pasos de fauna y mejoras en los accesos a las veredas, iniciativas que, según dijo, beneficiarían tanto a los habitantes como a quienes transitan diariamente por esta vía.
La concesión de Autopistas del Café finalizará en febrero de 2027, por lo que será el próximo Gobierno Nacional el encargado de definir si el corredor continúa bajo un nuevo contrato con un operador privado o si vuelve a ser administrado por el Invías, una decisión que también marcará el futuro del peaje de Circasia y de las inversiones que esperan las autoridades del Quindío.
Cuatro claves para entender el debate
¿Cuándo termina la concesión de Autopistas del Café?
El contrato vigente finaliza en febrero de 2027, por lo que el próximo Gobierno Nacional deberá decidir qué modelo administrará el corredor vial.
¿Qué pasará cuando termine el contrato?
El Gobierno tendrá dos caminos: entregar nuevamente la vía en concesión o asumir su administración a través del Instituto Nacional de Vías (Invías).
¿Por qué Circasia reclama la tarifa diferencial?
Porque el municipio quedó excluido del beneficio, mientras que habitantes de Filandia y Salento sí pueden acceder a la tarifa preferencial en el peaje de Circasia.
¿Qué están pidiendo las autoridades del Quindío?
Que cualquier decisión sobre el futuro de Autopistas del Café incluya una revisión del costo del peaje, mayores inversiones para los municipios y obras que beneficien directamente a las comunidades cercanas al corredor vial.
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