Una denuncia del concejal Julián Forero, conocido como "Fuchi", encendió el debate sobre el manejo de los recursos que generan los parqueaderos comunitarios administrados por algunas Juntas de Acción Comunal (JAC) en Bogotá. El cabildante anunció que promoverá investigaciones y ejercerá control político sobre varias juntas de la ciudad tras recibir denuncias por presuntas irregularidades en el recaudo y reporte de estos ingresos.
Según Forero, el caso más llamativo se estaría presentando en el barrio Sabana de Tibabuyes, en la localidad de Suba.
Fuchi denuncia posible falta de transparencia
El concejal aseguró que las denuncias ciudadanas apuntan a inconsistencias en el manejo de los recursos provenientes de más de 350 espacios de estacionamiento comunitario.
“El presidente de una Junta de Acción Comunal de Sabana de Tibabuyes, en Suba, pretende denunciarme porque estamos investigando presuntas irregularidades en el cobro de más de 350 parqueaderos, denunciadas por residentes del sector”, manifestó Forero.
Además, señaló que continuará con las investigaciones pese a los anuncios de acciones judiciales en su contra.
“Pues que denuncie. Aquí lo que queremos son cuentas claras”, afirmó.
Hablan de recaudos por $840 millones al año
De acuerdo con las cifras presentadas por el concejal, el presidente de la junta comunal investigada administraría aproximadamente 376 parqueaderos.
Durante una intervención pública aseguró que:
- El recaudo mensual sería cercano a $70 millones.
- El recaudo anual alcanzaría aproximadamente $840 millones.
- Al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) se le estaría reportando cerca de $420 millones.
“La pregunta es: ¿dónde está el resto de la plata que usted recoge por los parqueaderos?”, cuestionó Forero.
Pide intervención del DADEP y del IDPAC
El cabildante solicitó a las entidades distritales revisar la situación.
“Exijo al IDPAC inspección, vigilancia y control sobre esta junta y al DADEP que responda por la administración de este espacio público”, expresó.
Asimismo, pidió verificar el destino de los recursos obtenidos mediante el cobro de estacionamientos comunitarios.
La investigación podría extenderse a otros barrios
Forero aseguró que ha recibido quejas similares provenientes de diferentes sectores de Bogotá.
“Nos han denunciado que muchas Juntas de Acción Comunal en Bogotá, al parecer, no reportan la platica y se pierde”, afirmó.
Por esa razón anunció que adelantará nuevas acciones de control político en distintas localidades de la ciudad.
“Vamos a comenzar a hacerle control político a las diferentes Juntas de Acción Comunal de todo Bogotá”, señaló.
El debate sobre los parqueaderos comunitarios
El concejal aclaró que no está en contra de las zonas de estacionamiento administradas por las comunidades.
Por el contrario, defendió la creación de espacios organizados para que los residentes puedan dejar sus vehículos sin exponerse a sanciones por mal parqueo.
“Estamos buscando zonas de estacionamiento comunitario para que la gente pueda parquear su vehículo y que los recursos que se den de esos parqueaderos se inviertan en la comunidad”, indicó.
Los recursos deberían regresar al barrio
Según Forero, el objetivo es que los ingresos generados por estos espacios sean utilizados en beneficio de la comunidad.
“La platica que recogen la deben reportar y esa platica se debe invertir en el barrio, en la comunidad”, manifestó.
También agregó:
“Somos conscientes de que la gente necesita parqueaderos en los barrios, pero no para que se enriquezca una persona”.
Esperan respuestas oficiales
Por ahora, las afirmaciones corresponden a denuncias realizadas por el concejal y deberán ser verificadas por las autoridades competentes.
La expectativa ahora está puesta en las actuaciones que puedan adelantar el IDPAC y el DADEP, así como en las explicaciones que entreguen los responsables de las juntas comunales mencionadas en la denuncia.
Mientras tanto, el caso vuelve a abrir el debate sobre la administración de los recursos comunitarios y los mecanismos de control que deben existir para garantizar que los dineros recaudados en espacios públicos beneficien efectivamente a los barrios donde se generan.
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