El trabajo en las cárceles colombianas entra en el centro del debate laboral tras una nueva apuesta del Gobierno nacional por formalizar esta actividad dentro de los establecimientos penitenciarios.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio del Trabajo, hace parte del paquete de reformas laborales promovidas por la administración del presidente Gustavo Petro, con el objetivo de dignificar las condiciones de las personas privadas de la libertad y fortalecer sus procesos de resocialización.
La propuesta busca organizar y regular el trabajo que actualmente realizan miles de internos en el país, permitiendo que reciban una retribución económica bajo condiciones más claras y formales.
Aunque el trabajo penitenciario remunerado no es nuevo en Colombia, existe desde 1993, lo que se pretende ahora es establecer reglas más precisas que garanticen derechos laborales y mejores condiciones para quienes participan en estas actividades.
El Gobierno formalizó la medida mediante la Resolución 5130 de 2023 y nuevas disposiciones del Ministerio del Trabajo.
Con ello, se establece que las personas privadas de la libertad que desarrollen labores, ya sea de manera directa o indirecta, podrán acceder a una remuneración que, en ciertos casos, podría equipararse al salario mínimo legal vigente.
Además, se contempla el acceso a seguridad social y la posibilidad de cotizar a pensión, dependiendo de las condiciones del trabajo realizado.
Desde el Ministerio se ha señalado que estas actividades deben contar con una protección especial del Estado, al considerarse un mecanismo clave para cumplir con los fines resocializadores de la pena.
También se destaca su carácter dignificante, al contribuir a la preservación de derechos fundamentales de esta población.
Otro de los aspectos clave es la articulación con el sector privado, ya que las actividades laborales dentro de las cárceles estarán alineadas con las políticas que defina el Ministerio del Trabajo. Con esto, el Gobierno busca transformar el trabajo penitenciario, pasando de ser visto como un beneficio ocasional a consolidarse como un derecho laboral formal dentro del sistema carcelario colombiano.
La iniciativa ha sido trabajada de manera articulada entre varias entidades del Gobierno. Mesas técnicas lideradas por el Ministerio del Trabajo han contado con la participación del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud y el Inpec, con el fin de definir los lineamientos técnicos, administrativos y fiscales que permitan implementar esta política de forma efectiva.
El alcance de la medida es amplio si se tiene en cuenta el tamaño del sistema penitenciario colombiano. Según cifras del Inpec con corte a 2025, el país cuenta con más de 104.000 personas privadas de la libertad en 125 centros carcelarios. De ese total, 97.736 son hombres y 6.177 mujeres, lo que evidencia la magnitud del impacto que podría tener esta regulación.
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